En una sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores provincial convirtió en ley dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, que buscan modernizar y fortalecer el sistema judicial local.
La Cámara de Senadores de Catamarca celebró este jueves su tercera sesión extraordinaria, presidida por Ramón Figueroa Castellanos. En el encuentro, se trataron y obtuvieron sanción definitiva dos proyectos de ley con media sanción previa de Diputados: la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados y una modificación parcial del Código Procesal Penal.
La Ley N° 5935 establece la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados (BPGD) dentro del ámbito del Poder Judicial. Su función será la obtención, almacenamiento y custodia de perfiles genéticos a partir de análisis de ADN, con el fin de contribuir a la investigación penal y a la identificación de personas. Las tareas estarán a cargo del Laboratorio Satélite Forense y, según la norma, no podrán ser tercerizadas a entidades privadas salvo en casos excepcionales.
Durante el debate, la senadora Carolina Casas, miembro informante, calificó el proyecto como «necesario, oportuno y positivo», enfatizando que su implementación debe resguardar los derechos constitucionales. En la misma línea, la senadora Pamela López destacó la importancia de avanzar en herramientas tecnológicas que respeten los derechos individuales.
Por otra parte, mediante la Ley N° 5936, se modificaron los artículos 280 y 292 del Código Procesal Penal de la provincia, referidos a la prisión preventiva. La reforma incorpora pautas objetivas para que los magistrados evalúen con mayor precisión el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación al dictar medidas cautelares.
El senador Guillermo Ferreyra señaló que «la seguridad y la justicia deben concebirse siempre en el marco de la Constitución» y que esta iniciativa busca dotar al sistema de herramientas más claras y eficaces, sin alterar el carácter excepcional de la prisión preventiva. «Se trata de mejorar la Justicia y brindar mayor seguridad a la gente», afirmó.
Ambas leyes se fundamentan en la necesidad de fortalecer el sistema judicial provincial, optimizar las investigaciones penales y consolidar la seguridad jurídica, garantizando el respeto a los derechos humanos.