Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la Droguería Suizo Argentina, deberán presentarse el jueves 29 de octubre en la investigación por presuntos delitos con la venta de medicamentos de alto costo. El juez federal Ariel Lijo también decretó la inhibición general de bienes para los imputados.
El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la Droguería Suizo Argentina, y a otros empresarios acusados en la investigación por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, decretó la inhibición general de bienes para todos ellos.
Los Kovalivker serán los primeros en presentarse en los tribunales de Retiro el próximo jueves 29 de octubre, a las 9:30 y 10:30. Ese mismo día a las 11:30 será indagado Diego Viner, director de Compras de la droguería.
A partir de la semana siguiente se convocó a los demás acusados, a razón de tres declaraciones por día, tres veces por semana. En ese marco ampliarán sus declaraciones los ya procesados Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo. En total serán 39 indagatorias.
La decisión se tomó ante los hechos descriptos en un dictamen del fiscal que lleva la investigación, Franco Picardi, y la prueba recolectada y «al encontrarse reunido el grado de sospecha exigido» para citar a declaración indagatoria, según la resolución.
Inhibición de bienes
Además se ordenó la inhibición general de bienes porque las hipótesis delictivas investigadas «asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos», advirtió la decisión judicial.
El escenario probatorio descripto por la fiscalía «impone la necesidad de adoptar, con la mayor premura posible, medidas cautelares de naturaleza patrimonial, a fin de resguardar aquellos bienes que eventualmente pudieran ser objeto de decomiso en una etapa posterior del proceso, o bien quedar comprendidos frente a la determinación de algún tipo de responsabilidad pecuniaria o de una eventual reparación», agregó el magistrado.
También recordó que desde el 2000, Argentina integra el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF), «en cuya cuarta recomendación se ha realzado el deber de adoptar medidas para combatir la criminalidad económica», incluido el rastreo de bienes para su eventual decomiso.
Además en el trabajo de la fiscalía se incorporaron nuevas evidencias de presuntos pagos de sobornos al ex titular de la ANDIS Spagnuolo, ya procesado en la causa.
El planteo para indagar a los dueños de la Suizo Argentina se basa en presuntos hechos de corrupción ocurridos entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Esa empresa habría sido la principal contratista de la Agencia por un total de $137.118.708.357, según la acusación.
Según el dictamen fiscal, que supera las 300 páginas, la investigación detectó un mecanismo que habría permitido anticipar información sobre las compulsas de precios, definir qué empresas serían adjudicatarias y establecer los valores de venta de tratamientos de alto costo.
La fiscalía afirmó que el esquema incluyó a 14 firmas que habrían operado bajo una coordinación común. El expediente atribuye a los investigados la presunta administración de pagos, la asignación de adjudicaciones y demoras en las transferencias como una herramienta para disciplinar a empresas que no siguieran las condiciones acordadas.
Uno de los ejemplos incorporados refiere a un medicamento para tratar la esclerosis múltiple. De acuerdo con la acusación, la empresa lo había adquirido a $92.000 por unidad y luego lo vendió a la ANDIS por valores de entre $3.870.392 y $4.063.912.
Los investigadores también analizaron el crecimiento por ejemplo de la droguería Génesis S.A., una firma que, de acuerdo con la fiscalía, pasó de tener escasa actividad en 2023 a ubicarse entre las diez compañías con mayores pagos estatales entre 2024 y 2025. En ese lapso habría obtenido adjudicaciones por $34.066.729.176.
Entre los citados a indagatoria en el juzgado federal 11 de Comodoro Py 2002 que subroga Lijo están el director de Compras de la Suizo Argentina, Diego Viner; el de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner; el gerente de la División Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo; y el coordinador de esa área, Fernando Domínguez.
El dictamen atribuye a esta droguería un supuesto control sobre las compras de medicamentos de alto costo y señala que recibió órdenes de compra por $137.118.708.357 entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
La lista se completa con directores, gerentes y socios de las droguerías presuntamente cartelizadas y, según la acusación fiscal, encolumnadas detrás de la Suizo Argentina S.A.: Dihemo S.A., Droguería 20 de Junio S.A., Lowsedo S.R.L., Soldist S.R.L., Seguermed S.R.L., Luley S.A., Droguería Meta S.A., Ultra Pharma S.A., Droguería Del Sud S.A., Droguería Disval S.R.L., Hemipharm S.R.L, Medipharma S.A., Droguería Génesis S.A., y Scienza Argentina S.A.