Un relevamiento periodístico basado en partes oficiales de la Policía de Catamarca y Gendarmería Nacional contabilizó 44 procedimientos con hallazgo de drogas entre enero de 2024 y septiembre de 2026, de los cuales 34 se concentraron en el corredor de la Ruta Nacional 38. Funcionarios judiciales sostienen posiciones divergentes sobre el rol de la provincia: paso, enfriamiento o distribución.
Un informe especial elaborado por Pablo Vera, en el marco del Laboratorio de Periodismo RedLab de FOPEA y Google News Initiative, describe el rol logístico de Catamarca en el tráfico de drogas que desciende desde Bolivia y cruza el noroeste argentino. El relevamiento, basado en partes oficiales de la Policía de Catamarca y Gendarmería Nacional, contabilizó 44 procedimientos con hallazgo de algún tipo de droga entre enero de 2024 y septiembre de 2026. De ese total, 34 (77,3%) se concentraron a lo largo del corredor de la Ruta Nacional 38.
La cronología del informe indica una etapa inicial entre enero de 2024 y octubre de 2025 con un promedio de cero a dos operativos mensuales, y un pico máximo entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, con hasta cuatro procedimientos por mes. Diciembre de 2025 registró el récord del período con más de 82 kilos de cocaína y marihuana secuestrados en 30 días. A partir de marzo de 2026, la frecuencia se estabilizó en uno o dos casos mensuales.
El puesto de La Viña concentró el 29,4% de los operativos sobre la Ruta 38 (10 casos) y el retén de El Portezuelo, en Valle Viejo, acaparó el 50% de los decomisos en esa arteria (17 casos). El 70,5% de las intervenciones (31 de 44 casos) se produjo en transporte público y tours de compras, con 32 detenidos (17 hombres y 15 mujeres). Las mujeres representaron el 100% de la modalidad de transporte por ingesta o adosado corporal.
El informe cita declaraciones de funcionarios judiciales con posiciones divergentes. El juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, afirmó: «Catamarca no tiene todavía bandas con la espalda suficiente como para ser receptoras de grandes cantidades. En cierto modo es un lugar de paso o, a lo sumo, actúa como en el caso del último camión secuestrado con 70 kilos de cocaína y 120 de marihuana: un transporte repartidor que sale del norte y va dejando distintas cantidades a lo largo del recorrido hacia Mendoza».
El fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, sostuvo: «Desde ya que no somos solo una provincia de paso. La muestra de que Catamarca se utiliza para enfriamiento y permanencia para consumo de la región es el allanamiento de los más de 300 kilos en un galpón».
La fiscal subrogante María Correa definió a la provincia como un nodo mixto: «Tránsito, pero también distribución, comercialización y consumo interno. Muchas veces paran en Catamarca, distribuyen a quienes comercializan y continúan a Mendoza o San Juan dejando un porcentaje».
El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, afirmó que «la criminalidad organizada trabaja como una empresa y va amortizando costos propios del traslado: no es un tránsito inerte para el lugar, sino que contamina su recorrido derramando parte del tóxico para seguir pagando logística o utilizando el dinero para buscar impunidad territorial».
El informe menciona cuatro casos documentados de inmuebles acondicionados para la guarda de droga: un galpón en Las Juntas (Belén, julio de 2025) con 310 kilos de cocaína; un centro de acopio en calle Caseros (mayo de 2026) con 18 kilos de marihuana; un camión repartidor en la Ruta Provincial 33 (agosto de 2026) con 70 kilos de cocaína y 120 de marihuana; y un depósito en Ribera del Valle y Parque Sur (19 de agosto de 2026) con 1,75 kilos de cocaína y 8,37 kilos de marihuana.
El texto también consigna el fallo del juez federal Guillermo Díaz Martínez, que subrogaba en Tucumán, quien el 26 de febrero de 2026 sobreseyó a tres jóvenes bolivianas detenidas en Molle Yaco con 198 cápsulas (1,97 kilos de cocaína), al declararlas víctimas de trata y bajo estado de necesidad disculpante. Contreras cuestionó ese criterio: «Veo con preocupación los criterios que permiten verlas con una perspectiva diferente según la persona sea pobre o vulnerable para modular o eludir el castigo».
El informe indica que la investigación se desarrolló en el marco del Laboratorio de Periodismo RedLab de FOPEA y Google News Initiative.