A 15 años del incendio en la Alcaidía de Menores de Catamarca que causó la muerte de cuatro adolescentes, la causa penal permanece cerrada sin condenas, mientras la Justicia civil condenó al Estado provincial en dos oportunidades.
El 9 de septiembre de 2011, un incendio en la Alcaidía de Menores de Catamarca causó la muerte de cuatro adolescentes: Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16). Según consta en el expediente, los jóvenes colocaron un colchón en la puerta de la celda y lo encendieron como forma de protesta.
La causa penal, iniciada por homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales, tuvo como imputados a los policías Juan Carlos Reyes, Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva y Adriana del Valle Galván. Un quinto policía, Carlos Daniel Leiva, falleció en 2019. Por incumplimiento de los deberes de funcionario público fueron imputadas las entonces juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto, y el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Javier Silva.
En agosto de 2015, el fiscal Miguel Mauvecín elevó la causa a juicio. En septiembre de 2016, el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Ramón Porfirio Acuña, dictó el sobreseimiento total de las exjuezas Figueroa y Nieto. Ese mismo año, Silva fue sobreseído por prescripción. Desde entonces, la causa quedó circunscripta a los cuatro policías.
En febrero de 2018, la causa quedó en condiciones de celebrar el juicio oral. Entre marzo de 2020 y marzo de 2023 se fijaron siete audiencias de debate, todas suspendidas por distintos motivos: pedidos de las defensas, de la Fiscalía o decisiones del tribunal. No se registró impulso de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal.
El 28 de noviembre de 2025, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los ministros Fernanda Rosales Andreotti, Hernán Martel y Verónica Saldaño, declaró la insubsistencia de la acción penal por vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sobreseyó a los cuatro policías. En el fallo, la Sala Penal responsabilizó al Ministerio Público Fiscal por la parálisis del expediente y ordenó remitir las actuaciones a la Secretaría de Sumarios para determinar responsabilidades.
El 26 de junio de 2026, la Sala Penal no concedió el recurso extraordinario federal presentado por la fiscal Cynthia Romero. El 14 de julio de 2026, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que actualmente está en análisis.
En el ámbito civil, la jueza Silvina Millán, de Cuarta Nominación, condenó en febrero de 2021 al Estado provincial a pagar a Ana Mariel Mendoza, madre de Franco Sosa, $783.116,16 por daño patrimonial y $1.000.000 adicionales. La magistrada sostuvo que el Estado asume la obligación de custodia al privar de la libertad a una persona.
En julio de 2022, la familia de Nelson Nahuel Fernández inició una demanda civil. La Fiscalía de Estado no contestó la demanda en el plazo conferido. El 27 de agosto de 2026, la jueza María Lucía Cano, de Quinta Nominación, condenó al Estado provincial a pagar $156.777.575 más intereses a la familia Fernández, por pérdida de chance de ayuda económica futura y daño moral.