La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un informe sobre el servicio ferroviario de la Línea San Martín, que incluye un aumento del 72% en accidentes durante 2024 y la redestinación de un préstamo del BID de US$400 millones, originalmente previsto para infraestructura, hacia un programa de sostenibilidad fiscal.
La Auditoría General de la Nación (AGN) dio a conocer un informe sobre el estado del servicio de la Línea San Martín, que une Retiro con Pilar, en el que se detallan fallas en los controles y un incremento de los accidentes. Según el informe, en 2024 los accidentes aumentaron un 72% y los fallos técnicos un 400%.
El préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$400 millones, otorgado en 2018 para la modernización integral de la línea (vías, señalamiento, control de trenes y comunicaciones), fue redestinado. El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, gestionó ante el BID un cambio de destino: los fondos pasaron a integrar el «Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento» por US$647 millones, que incluye los US$400 millones originales. El BID indicó que el programa «contribuirá a fortalecer las finanzas públicas y la balanza de pagos, reforzando la estabilidad macroeconómica y el crecimiento».
El crédito total para la Línea San Martín ascendía a US$522 millones, de los cuales US$122 millones debían ser aportados por el Estado argentino. No se registraron desembolsos para mejoras en la línea, que transporta 28 millones de pasajeros por año.
En 2023 se adjudicó una licitación para material rodante, pero el proceso se detuvo después del cambio de gobierno. Días después, un choque de trenes en Palermo dejó 60 heridos.
El auditor general Luis Naidenoff calificó la redestinación del préstamo como «una enorme irresponsabilidad». También señaló que los fondos de la Emergencia Ferroviaria declarada por DNU en junio de 2024 (aproximadamente US$500 millones para todo el sistema) no compensan la pérdida del crédito específico para la línea.
El informe de la AGN indica que la cadena de responsabilidades del Estado falló en todos sus eslabones: la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó controles parciales, la Secretaría de Transporte no respondió formalmente los informes recibidos, y la operadora SOFSE respondió solo el 38% de las observaciones realizadas.