El presidente Javier Milei anunció acciones judiciales e institucionales tras una investigación que reveló una red que habría financiado contenidos críticos. Rusia rechazó las acusaciones.
El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno avanzará con medidas judiciales e institucionales frente a una presunta campaña de desinformación atribuida a una red de origen extranjero, calificando la situación como un hecho de «gravedad institucional pocas veces vista». Según una investigación periodística internacional, una organización denominada «La Compañía» habría desplegado entre abril y octubre de 2024 una estrategia para desacreditar a la administración nacional.
De acuerdo con documentos filtrados, se habrían destinado unos 283.000 dólares para financiar más de 250 artículos críticos en medios digitales, además de acciones coordinadas en redes sociales. El mandatario sostuvo que lo revelado representa apenas «la punta del iceberg» de una estructura más amplia y aseguró que el Ejecutivo buscará identificar a todos los responsables.
En ese marco, la Secretaría de Inteligencia del Estado confirmó que ya había detectado en 2025 la posible presencia de una red de agentes extranjeros, dando intervención a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal. Según el organismo, el objetivo de la operación habría sido «difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros».
Los registros analizados indican que los materiales difundidos incluían críticas al programa económico del Gobierno, cuestionamientos al impacto social de las medidas y objeciones al alineamiento internacional del país con Ucrania. Además, se detectaron firmas inexistentes, autores ficticios y contenido presuntamente generado con herramientas digitales.
El caso también abrió un frente diplomático. La Embajada de Rusia en Argentina rechazó las acusaciones y las calificó como «infundadas», al tiempo que advirtió sobre un intento de afectar la relación bilateral. Desde Moscú negaron cualquier tipo de operación de influencia en el país.
La controversia alcanzó también al ámbito periodístico. Algunos medios mencionados en los documentos negaron haber recibido financiamiento o participar en campañas coordinadas, mientras que otros señalaron que los contenidos llegaron a través de intermediarios. Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino había advertido previamente sobre la existencia de mecanismos de desinformación vinculados a actores internacionales.
Mientras la investigación continúa, el Gobierno mantiene una postura de alerta institucional, enfocada en rastrear intermediarios locales, circuitos de financiamiento y mecanismos de difusión.