Los abogados del exintendente de Santa Rosa calificaron de «aberrante» la solicitud de 4 años de prisión por abuso sexual y sostuvieron que el proceso es «ilegítimo». El veredicto se conocerá el martes.
La defensa de Elpidio Guaraz, exintendente de Santa Rosa, cuestionó el pedido de 4 años de prisión formulado por la querella en el juicio por abuso de autoridad. Los abogados Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros calificaron la solicitud de «aberrante» y consideraron que su defendido fue sometido a un «proceso ilegítimo». El veredicto será emitido por el juez Correccional N° 1, Diego Roberto Chaile Costilla, el próximo martes.
Los letrados señalaron que la querella, ejercida por la abogada Natalia Páez Vaca, pidió cambiar la calificación de abuso de autoridad por abuso sexual. Sostuvieron que Guaraz llegó al debate acusado de abuso de autoridad a raíz de un decreto municipal de clausura y que sobre esa imputación se desarrolló la actividad probatoria. «Es como llegar a juicio acusado de abuso de autoridad y que se pretenda una condena por homicidio», graficaron. «Nadie puede defenderse de una acusación que nunca le formularon», agregaron.
Recordaron que la Fiscalía solicitó 20 meses de prisión por abuso de autoridad, mientras que la defensa pidió la absolución por falta de pruebas.
Uno de los ejes del alegato defensivo fue la validez de las pruebas digitales. Señalaron presuntas irregularidades en las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp aportadas por la denunciante. Indicaron que existen dos capturas de una misma conversación tomadas con un minuto de diferencia, pero que en la segunda habrían desaparecido dos mensajes sin la leyenda habitual que deja el sistema cuando un contenido es eliminado. También sostuvieron que no se acreditó quién escribió esos mensajes y que no se realizó la verificación técnica que, según la defensa, el fiscal había considerado necesaria.
A estas observaciones sumaron que la denuncia habría omitido mencionar una intimación de pago de abril de 2021 y un decreto anterior, elementos que, según los abogados, resultaban relevantes para comprender el origen del conflicto.
Otro cuestionamiento estuvo dirigido al modo en que se desarrolló la investigación. Afirmaron que los testimonios, la visualización del teléfono celular y la pericia informática se realizaron sin intervención de Guaraz, quien no tuvo posibilidad de proponer un perito de parte. Remarcaron que el Ministerio Público Fiscal omitió tomar declaraciones a trabajadores municipales para ampliar la información sobre el procedimiento administrativo que derivó en la clausura. También cuestionaron que no se profundizara en el conflicto comercial vinculado con el alojamiento durante el Rally, situación que, según indicaron, había sido mencionada por la madre de la denunciante.
Por último, pusieron en duda la cadena de custodia del teléfono celular utilizado como elemento probatorio. «No fue una investigación: fue la confirmación de una denuncia», resumieron los abogados.