El diputado nacional Fernando Monguillot cuestionó el capítulo de tierras rurales de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, incluida en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad.
El diputado nacional Fernando Monguillot, del bloque Elijo Catamarca, rechazó el proyecto del Gobierno nacional que propone levantar las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros, contenido en la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad. Durante su estadía en la provincia por la Fiesta del Poncho, declaró a la prensa: “extranjerizar nuestra tierra no es momento ahora ni nunca” y subrayó que la prioridad es la protección del territorio nacional.
El proyecto reúne expropiaciones, desalojos, tierras rurales, manejo del fuego y registros de la propiedad inmobiliaria. Según Monguillot, esa amplitud dificulta el debate: “por ahí es difícil hablar de una idea en sí, sino que hay muchas ideas en ese proyecto”.
El diputado señaló que los argentinos respetan el derecho a la propiedad privada como garantía constitucional y que nadie se opone a la modernización de los procesos expropiatorios, pero que reunir tantos temas en un solo texto complejiza la discusión. El intento de tratarlo en el Senado tras la semifinal del Mundial ante Inglaterra no alcanzó el quórum necesario.
El capítulo más controvertido, indicó, es el de tierras rurales, donde “ya no tenemos una discusión de modernización, sino que básicamente hay una discusión de soberanía”. La ley vigente prohíbe que la titularidad extranjera concentre más del 15% de las tierras rurales y, dentro de ese porcentaje, impide que una misma nacionalidad controle más del 30%. El proyecto oficial plantea eliminar esas restricciones.
Monguillot consideró válido el espíritu original de la ley de tierras rurales, orientado a proteger el territorio, aunque reconoció que el debate suele derivar en proteccionismo extremo frente a inversiones extranjeras. Aclaró que no está en contra de esas inversiones, sino de desproteger el territorio nacional.
Recordó los dichos del gobernador Raúl Jalil, quien consideró que no es momento de discutir la liberación de la venta de tierras a extranjeros, y coincidió con esa postura. Explicó que la ley actual surgió con consensos federales tras un relevamiento de tierras en manos de extranjeros en todas las provincias, y que ese trabajo no puede dejarse de lado.
El legislador planteó que la discusión sobre la extranjerización ya no se limita a la relación entre países, ya que existen personas físicas y jurídicas con más poder económico que algunos estados, por lo que la concentración de tierra depende de la capacidad de acumulación de actores privados. Por ello, consideró necesario mantener restricciones, en línea con lo que ocurre en otros países.
También se refirió al capítulo que modifica la ley de manejo del fuego. La norma vigente restringe el cambio de destino del suelo tras un incendio para desalentar la especulación inmobiliaria. Para Monguillot, esas restricciones “hacen al bien común de todo, a la protección ambiental” y no deberían modificarse. Diferenció este capítulo de otros aspectos del proyecto que consideró positivos, vinculados a la modernización de los registros de la propiedad inmobiliaria.
Monguillot, exdirector del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Catamarca, mencionó entre los aportes la creación de una red federal de inhibiciones, la promoción del uso de documentos y firma digital, y el establecimiento de plazos para la calificación registral. Sobre la red de inhibiciones, recordó que durante su gestión recibía oficios de todo el país que debían consultar a cada demarcación territorial, un procedimiento burocrático que la nueva red buscaría simplificar. “Nadie puede estar en contra de la modernización de los registros de la propiedad inmobiliaria”, afirmó.
Señaló que la pandemia aceleró la digitalización de esos organismos, que hasta entonces mantenían procesos ritualizados, al obligarlos a suspender plazos y a incorporar herramientas tecnológicas que, según evaluó, aportaron más beneficios que riesgos.
El legislador explicó que el debate continuará el 6 de agosto en el Senado de la Nación, donde primero deberá definirse el quórum y luego si se incorporan modificaciones para lograr mayor consenso. Consideró que el Gobierno nacional “a veces impulsa este tipo de reformas, de modificaciones”, pero que “muchas veces van demasiado a fondo”. “No nos oponemos por oponernos”, sostuvo, y agregó que su bloque analiza cada proyecto en detalle.