La iniciativa impulsada por Luis Caputo llegó al Congreso y abrió un nuevo debate sobre la participación de personas políticamente expuestas.
La nueva ley de Inocencia Fiscal que el ministro de Economía, Luis Caputo, envió este jueves al Congreso mantiene la posibilidad de adhesión para funcionarios, dirigentes políticos y sus familiares. La iniciativa amplía el régimen vigente y, tras conocerse que funcionarios —principalmente del Ministerio de Economía— se habían acogido a la primera versión, distintos sectores esperaban que el nuevo proyecto incorporara esa restricción. Sin embargo, el texto remitido al Congreso no contempla esa exclusión. Desde los bloques de Unión por la Patria y Provincias Unidas adelantaron que presentarán propuestas para impedir que funcionarios y sus familiares puedan acceder al régimen.
La ley de Inocencia Fiscal se aprobó a fines de 2025, pero no produjo el efecto esperado. Por eso Caputo la relanzó ahora en una versión todavía más generosa, urgido por lograr que al menos una parte de los dólares que los argentinos guardan fuera del sistema ingrese a los bancos. Según los cálculos oficiales, en el «colchón» hay unas cuatro veces más dólares que los depositados en las entidades financieras. «Los ahorros pueden ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad», afirmó el ministro durante la presentación que compartió con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. No respondieron preguntas y dejaron esa tarea en manos de tres tributaristas. Uno de ellos confirmó que el proyecto tampoco establece restricciones para la adhesión de funcionarios, porque entiende que ya están alcanzados por otras normas.
Efectivamente, en el proyecto que ingresó este jueves a la Cámara de Diputados no hay ninguna referencia a exclusiones por tratarse de personas políticamente expuestas. El Gobierno sostiene que no es necesario porque no se trata de un blanqueo, sino de una modificación de la ley penal tributaria. La oposición plantea exactamente lo contrario: considera que tanto la Inocencia Fiscal original como esta versión ampliada constituyen un blanqueo permanente encubierto, que permite incorporar al sistema fondos de origen no declarado sin ninguna penalidad.
Uno de los escándalos que dejó la Inocencia Fiscal vigente desde febrero fue la difusión de la lista de funcionarios y dirigentes que se acogieron al régimen. Entre ellos figuraron el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el titular del ARCA, Andrés Vázquez; el embajador ante la Unión Europea, Fernando Iglesias; el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos; la ex vicejefa Aimé Vázquez; el ex diputado investigado por lavado José Luis Espert; los senadores libertarios Agustín Monteverde y Joaquín Benegas Lynch; el director del BICE y asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez; el ex titular del ARCA Juan Pazo; y el cineasta oficial Santiago Oría, entre otros. También aparecían comunicadores identificados con el oficialismo, como Eduardo Feinmann, Luis Gasulla y Luis Novaresio.
La principal novedad de la nueva Inocencia Fiscal es que elimina los topes de ingresos y de patrimonio que la versión anterior había fijado en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente, para acceder al beneficio. Por ese motivo, el propio Caputo podría adherir al régimen: en su declaración jurada de 2024 informó un patrimonio de $11.800 millones, monto que ahora ya no representa un impedimento. Lo que se desconoce es si el ministro todavía mantiene en el exterior los dólares que declaró entonces o si los repatrió. Cuando el acreditado de El Destape en la Casa Rosada, Jonathan Heguier, le preguntó el año pasado si pensaba dar esa señal de confianza en el país, Caputo reaccionó con enojo. «Lo que estás haciendo es una falta de respeto», respondió. Pero ni en ese momento ni después aclaró si había repatriado el equivalente a $7.800 millones que declaró entre dólares y acciones depositados fuera del país.
Desde los bloques de Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron proyectos para impedir que la ley vuelva a beneficiar a funcionarios y otras personas políticamente expuestas. «Otra ley hecha a medida. No sólo premian a los grandes evasores; ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública», afirmó Agustín Rossi. Su compañero de bloque Eduardo Valdés presentó una iniciativa para excluir a las personas políticamente expuestas. «Quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos», argumentó el diputado de UP.
En el mismo sentido se pronunció el socialista santafesino Esteban Paulón, quien también impulsó un proyecto para impedir que funcionarios adhieran al régimen. «Ingresó el proyecto que pretende legalizar la evasión fiscal en Argentina y consagrar la impunidad de la corrupción política. La desesperación del Gobierno nos lleva al límite de la impunidad y la opacidad. Argentina, de faro libertario a paraíso fiscal», afirmó. A contramano de los cuestionamientos, el oficialismo buscará imprimirle un trámite rápido a la iniciativa con el objetivo de convertirla en ley durante agosto, como pidió Caputo.