Gonzalo Guiñazú admitió durante el sumario administrativo que incorporó a sus haberes conceptos que no percibía, argumentando que el Poder Judicial mantenía una deuda con él. Su defensa solicitó la nulidad del descargo.
El contador de la Corte de Justicia de Catamarca, Gonzalo Guiñazú, investigado por haberse liquidado más de 15 millones de pesos en adicionales salariales que no le correspondían, reconoció durante el sumario administrativo haber incorporado esos conceptos a sus haberes. Según consta en el expediente disciplinario, Guiñazú sostuvo que actuó convencido de que el Poder Judicial mantenía una deuda salarial con él por las funciones que desempeñaba.
La Sala de Sumarios dejó asentado que «el propio sumariado al momento de ejercer su defensa material reconoció la comisión del hecho», aunque intentó justificar su conducta al sostener que los montos liquidados respondían a una diferencia salarial que entendía legítima. El empleado judicial explicó que desde su incorporación a la Secretaría Contable realizaba tareas que excedían las correspondientes a su categoría de escribiente y que, pese a desempeñar funciones de contador, nunca percibió la remuneración acorde a esas responsabilidades.
En su presentación también reconoció que «la forma y el procedimiento no fueron los adecuados», aunque negó haber manipulado el sistema de liquidación de sueldos o vulnerado las herramientas informáticas del Poder Judicial. Su versión sostiene que fraccionó esos importes en distintos períodos porque consideraba que se trataba de una deuda salarial acumulada.
Posteriormente, la defensa de Guiñazú solicitó que ese primer descargo fuera declarado nulo, argumentando que fue realizado sin asistencia técnica de un abogado y sin haber tenido acceso previo a las actuaciones administrativas. En ese escrito se sostiene que el contador formuló su descargo «sin patrocinio letrado y sin conocer integralmente las constancias del expediente», situación que, según la defensa, afectó su derecho de defensa.
Los abogados también solicitaron que se declare extinguida la potestad disciplinaria de la Corte a partir de la renuncia presentada por Guiñazú al Poder Judicial. Ese planteo fue rechazado por la Sala de Sumarios, que entendió que la desvinculación posterior no impedía avanzar con la investigación administrativa.
El expediente disciplinario avanza en paralelo a la causa penal iniciada tras la denuncia presentada por el secretario contable de la Corte, Pablo Andrés Rachid Florit. La investigación del fiscal de Instrucción, Facundo Barros Jorrat, concluyó que entre marzo de 2024 y enero de 2025 Guiñazú habría incorporado conceptos como «haberes adeudados», adicionales por antigüedad y diferencias de categoría, maniobra que, según una pericia contable, ocasionó un perjuicio superior a los 15,4 millones de pesos.
La causa penal fue elevada a juicio en octubre del año pasado, pero permanece pendiente de una resolución de la Cámara de Apelaciones luego de que la defensa cuestionara distintas actuaciones del proceso.