El sobreseimiento de Paulo Gustavo Ibáñez quedó firme tras la incomparecencia de los representantes de la Fiscalía de Estado a la audiencia de apelación. El nuevo fiscal de Estado, Nicolás Rosales Matienzo, deberá investigar lo ocurrido.
El mismo día en que el Senado aprobó el pliego de Nicolás Rosales Matienzo como fiscal de Estado, la Cámara de Apelaciones confirmó el sobreseimiento del abogado Paulo Gustavo Ibáñez, exfuncionario del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Ibáñez estaba imputado en una causa por supuestas maniobras ilícitas vinculadas al patrimonio de Edgar Adhemar Bacchiani.
La ratificación del sobreseimiento ocurrió porque los representantes de la Fiscalía de Estado, Victoria Eugenia Rosales y Tomás Hugo Aibar, no asistieron a la audiencia fijada para sostener la apelación que habían presentado. El tribunal consideró desistido el recurso y la causa quedó cerrada.
La causa contra Ibáñez y otras dos empleadas del Registro había sido iniciada por la directora de la repartición, Patricia Valdez, y la Fiscalía de Estado se había sumado como querellante. La ausencia de los fiscales en la audiencia dejó sin efecto la apelación.
Rosales Matienzo deberá determinar por qué los empleados del organismo no sostuvieron la apelación. También deberá averiguar si esa conducta contó con la autorización de su antecesor, Marcos Denett, quien dejó el cargo para asumir como director de YMAD.
La Fiscalía de Estado quedó expuesta a una posible demanda millonaria de Ibáñez, quien podría solicitar su reincorporación a la planta estatal, los sueldos caídos desde su expulsión, el lucro cesante y una indemnización por daño moral.
Además, la directora del Registro de la Propiedad, Patricia Valdez, queda en una situación de vulnerabilidad legal ante eventuales acciones judiciales de Ibáñez por daños y calumnias.