La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de Esteban Cabello y otros imputados por el delito de estafa en relación con el fideicomiso Selenium, vinculado a la criptofinanciera Beta Investment SRL.
La Cámara Federal de Tucumán ratificó el procesamiento de Esteban Cabello, Juan Manuel Casado Tolosa, Luis Emilio Marchetti, Antonio Vargiú y Pablo Vargiú por el delito de estafa, en el marco de la causa por la constitución del fondo fiduciario “Selenium”. El fallo, firmado por los jueces Marina Cossio, Ricardo Sanjuan, Fernando Luis Povina, Patricia Marcela Moltini y Mario Rodolfo Leal, revocó la falta de mérito que había dictado el juez federal Miguel Contreras y ordenó nuevas medidas cautelares.
Según la resolución, el fideicomiso Selenium fue creado como una herramienta para vaciar el patrimonio de Beta Investment SRL, conocida como Beta Bank. Los jueces coincidieron con el fiscal Santos Reynoso en que dicho fideicomiso no fue constituido para mitigar el perjuicio de los inversores, sino para dilatar la devolución del dinero aportado. La defensa de José Daniel Carrizo, coimputado, apeló su procesamiento argumentando que cumplía funciones técnicas vinculadas al mantenimiento de equipos informáticos, sin participación en decisiones financieras. La defensa de Marchetti sostuvo que era un inversor y no un integrante de la sociedad. Cabello no presentó oposición.
En junio de 2024, el juez Contreras había procesado a Cabello, Casado Tolosa y Carrizo por intermediación financiera y estafa, en concurso real con asociación ilícita, pero declaró la falta de mérito por lavado de activos y por el hecho vinculado a Selenium. La Fiscalía apeló esta última decisión. La Cámara consideró que Selenium se utilizó para sustraer bienes del patrimonio de la sociedad e impedir que los acreedores cobraran. Los inversores fueron invitados a firmar actas acuerdo que sustituían sus créditos originales por participación en el fideicomiso, perdiendo la validez de sus pagarés.
La investigación determinó que Beta Investment captaba ahorros en pesos y dólares prometiendo rentabilidades extraordinarias, sin autorización del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Valores. El esquema fue calificado como “Ponzi” o piramidal, donde los fondos captados se utilizaban para pagar intereses a inversores anteriores. Los dueños de la firma eran Cabello, Carrizo y Casado Tolosa, quienes fueron procesados con prisión preventiva. A cada uno se le trabó un embargo preventivo de 300 millones de pesos. Marchetti fue procesado sin prisión preventiva, con un embargo de 200 millones de pesos.