El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 2 rechazó la denuncia de la vicepresidenta contra el ministro de Defensa por declaraciones televisivas consideradas calumniosas. El tribunal determinó que las expresiones de Petri se enmarcan en el derecho a la crítica política.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 2 desestimó hoy la denuncia presentada por la vicepresidenta Victoria Villarruel contra el ministro de Defensa, Luis Petri, por presuntas calumnias e injurias y un supuesto atentado contra el orden constitucional. La denuncia se originó a raíz de declaraciones realizadas por Petri el 2 de marzo pasado en una entrevista televisiva.
En aquella ocasión, el funcionario del gobierno de Javier Milei afirmó que la titular del Senado pretendía quedarse con la presidencia de la Nación y que por ello fue “funcional a la oposición”, “apostando al fracaso del Gobierno”. “Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como alternativa y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el plan económico”, sostuvo Petri. “Hay que decir las cosas por su nombre… no ha apoyado al gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso y apostar a su fracaso estando segunda en línea de sucesión, ¿en qué te transforma?”, se preguntó.
En su presentación judicial, Villarruel aseguró que las declaraciones de Petri “lejos de ser un análisis político y/o de opinión, constituye un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva”. “No solo me genera aflicciones personales, sino que socava la institución que presido y el cargo que ocupo”, agregó.
No obstante, el tribunal concluyó que los hechos señalados no constituyen ilícito alguno, descartando la configuración de delitos de acción pública. La justicia dictaminó que tales dichos no reúnen los elementos de idoneidad necesarios para afectar el sistema democrático. En su dictamen, el Dr. Ramiro González subrayó que las manifestaciones de Petri se inscriben en el marco del derecho a la opinión y la crítica política. Según el representante fiscal, avanzar con una acción penal por estos conceptos implicaría un ejercicio desmedido del poder punitivo del Estado sobre valoraciones de carácter público. La resolución reafirma la vigencia del principio de ultima ratio en el derecho penal, priorizando la libertad de expresión en el debate político frente a tipos penales de máxima gravedad.