El Ejecutivo nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) suscribieron un acuerdo que incluye un aumento salarial del 24,33% en dos tramos, un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano y un financiamiento de $50 mil millones para hospitales universitarios. El conflicto judicial por la Ley de Financiamiento Universitario continúa.
El Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes al mediodía un acuerdo salarial y presupuestario para aliviar el conflicto por los fondos destinados al funcionamiento de las universidades públicas.
Pese al acuerdo, las entidades educativas mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso que aún no se aplica.
La propuesta incluyó un aumento salarial de 24,33% en dos tramos: 21,33% en julio y 3% en octubre. Esa recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También está prevista una reunión paritaria con los gremios.
Qué incluye la oferta
El acuerdo económico no implica el cierre del litigio. Los rectores afirmaron que “no retirarán la demanda judicial” sobre la causa que analiza la Corte Suprema por los fondos universitarios.
Además del aumento salarial, el oficialismo incorporó el compromiso de evitar que los salarios universitarios sigan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación durante 2026. El acta firmada incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, que promueve el acceso y la finalización de estudios en áreas clave para el desarrollo del país. También se sumó un financiamiento de $50 mil millones para hospitales universitarios.
Las conversaciones abarcaron una negociación específica para el personal docente de los establecimientos preuniversitarios. En esos colegios de nivel medio, la situación salarial es más delicada debido a la pérdida de poder adquisitivo por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).
Ese deterioro forma parte de la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios. El reclamo alcanza tanto a docentes como a no docentes, en un contexto donde los rectores exigen que cualquier salida incluya una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones sindicales.
La causa judicial y la reacción sindical
La causa por la Ley de Financiamiento Universitario cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente está suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La decisión final queda en manos de la Corte Suprema, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.
La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, según su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por ese motivo, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.
Desde el ámbito sindical, la desconfianza persiste. “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”, declararon desde Conadu a Infobae.
Las universidades continúan en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar. También hubo medidas de fuerza en los colegios preuniversitarios, con tomas de establecimientos por parte de estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini.