Pese a que el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo confirmó el miércoles pasado y que el mensaje para convocar a las sesiones extraordinarias ya está armado, el Gobierno demora el envío del pedido formal al Congreso y genera interrogantes en medio del escándalo por la detención del senador Edgardo Kueider.
Las dilaciones, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, obedece a la intención de Javier Milei de alcanzar un acuerdo con sectores de la oposición para no dar pasos en falso. «Se están buscando los consensos necesarios. Sería un peligro llamar a extraordinarias y que nos rechacen los proyectos», indicaron a Clarín voces calificadas del oficialismo, que admitieron las dificultades por asegurar el número para aprobar las iniciativas que adelantó el Ejecutivo. «Está empantanado tener el número, hay varios aliados de vacaciones. Estamos contando los porotos», argumentaron.
Cuando la semana pasada anunció que Milei había «tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias» entre el 5 y el 27 de diciembre, Adorni precisó que el temario incluirá «Reforma electoral, Reforma política, Juicio en ausencia, Ley antimafia, Viajes del presidente y Reforma de los fueros de la política».
Aunque en Balcarce 50 se encargaron de aclarar que el listado «no está cerrado» y que podría haber concesiones a pedido de la oposición para lograr destrabar las leyes que le interesan a Milei. «El decreto está armado pero se pueden sumar otros temas, estamos hablando con los bloques dialoguistas y no descartamos que haya alguna sorpresa», confió a este diario una voz inobjetable con despacho en Casa Rosada.
No serían incorporados la Ley de Ficha Limpia ni la privatización de Aerolíneas Argentinas, a pesar de que Axel Kicillof reavivó la polémica al avisar que desde la Provincia quieren hacerse cargo de la compañía. El PRO y un sector de la oposición dialoguista creen que abrió una nueva oportunidad para debatir el proyecto.
Como contó Clarín, tras el escándalo por la detención del entrerriano Kueider por intentar ingresar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar y el pedido del kirchnerismo para tratar en el Senado su expulsión, en el Ejecutivo analizan avanzar con un listado de legisladores procesados e investigados por la Justicia en similares condiciones. «Si quieren judicializar la política, somos el espacio político que la tiene más fácil», explicaron en el oficialismo.
Cuentan que el asesor todoterreno Santiago Caputo celebró el arrebato K contra Kueider y que abrió el juego a que los legisladores de la Libertad Avanza contestaran con proyectos similares al que presentó el bloque de senadores de Unión por la Patria, pero contra todos los políticos investigados por la Justicia. «Nos preparamos toda la vida para que sean ellos los que quieran judicializar la política, no saben en la que se metieron», se envalentonó un funcionario de primera línea del Ejecutivo al sostener que «no hay nadie con más legitimidad que Milei para hacer la purga de la política».
El propio Adorni ensayó una encuesta en su cuenta de X en el que preguntó a los usuarios de la red social si estaban «a favor de destituir a todos los diputados y senadores que tengan causas judiciales»: al cierre de esta nota, el 92 por ciento de más de 103 mil votantes respondió afirmativamente.
Lo que pareció ser una réplica mediática al intento del kirchnerismo de vincular a Kueider con el Gobierno llegó a analizarse en lo más alto del poder. Aunque conspira contra los acuerdos que necesita La Libertad Avanza para aprobar la batería de proyectos que se propone.
«No podemos dar pasos en falso. Después de un año parlamentario perfecto, si llamamos a extraordinarias y abrimos el Congreso es para que las leyes salgan», razona un estrecho colaborador de Milei. No hay fecha tope para hacer la convocatoria, aclaran: «Si hay acuerdos (los proyectos) se aprueban en dos minutos». Parece más una expresión de deseo que acorde a la tensión que se vibra con la oposición.
Un panorama similar contempla las negociaciones por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. Aunque en público la postura del Gobierno fue correr del foco el tema, mientras avanza la cuenta regresiva al 29 de diciembre, fecha en la que se jubila Juan Carlos Maqueda y el Tribunal comenzará a funcionar con apenas tres miembros. En el listado de extraordinarias que llegó al despacho del secretario Legal y Técnico, Javier Herrera Bravo, no figura el pedido para que el Senado trate sus nombramientos. «Sólo van a entrar si se comprometen a votar a los dos pliegos. Y si no el Presidente tiene la potestad de designarlos en comisión por decreto», remarcan.