Si bien nunca fue parte de su plataforma de campaña, ni siquiera una promesa, y su perfil distaba mucho de el de un político que propusiera recuperar ciertos pilares tradicionales del liberalismo en la materia, la institucionalidad durante la gestión de Javier Milei es una deuda que continúa engrosándose. Por fuera de las diatribas contra otro poder del Estado como el Congreso, hubo acciones concretas que esmerilaron aspectos centrales de la vida institucional de la Argentina que, crease o no, en el mundo resultan fundamentales para otorgar credibilidad y atraer inversiones.
Cercenar por decreto el acceso a la información pública, ataques permanentes a los medios de prensa y a periodistas, la amplificación de fake news y ataques a discreción a críticas sobre la gestión superan una marca de estilo. Encierran alertas sobre derivas inéditas que se sabe cómo comienzan, pero no como terminan. La propensión a utilizar decretos por sobre proyectos de ley aprobados por el Legislativo, utilizar la excepcionalidad como regla y el desdén por la crítica a rasgos déspotas, son señales que han sido exculpadas livianamente a la luz de indicadores macro económicos que ilusionan a quienes perciben que las medidas van en dirección correcta.
Estos son aspectos significativos, más allá del costo político de sabotear el tratamiento de una ley como Ficha Limpia, cuyo diseño responde a otro tipo de diagrama regional con el que se busca aprovechar cierta permeabilidad judicial como excusa para dirimir cuestiones electorales sobre las que no se tiene certeza. Traducido, si existen candidatos cuyas condenas penales por delitos contra la administración pública son tan contundentes y probadas en juicios objetivamente justos, es poco probable que se necesite una ley que los margine de disputar elecciones porque los votantes ejercerían el castigo. Nada de esto anima, en el fondo, el espíritu “republicano” de este tipo de iniciativas.
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El primer año de Milei como presidente estuvo marcado por la conflictividad con el Poder Legislativo.
Prensa Senado – Charly Diaz Azcue
La relación de Milei con el Poder Judicial adquirió hasta ahora una doble cara: no existieron –más allá de alguna singularidad- ataques dirigidos hacia la justicia o sus decisiones; las demandas económicas de equiparaciones salariales fueron satisfechas en mayor medida que a las de otros sectores del Estado. Nada de su discurso de motosierra o “casta” apunta a un sector que suele conservar la mayor cantidad de privilegios en la estructura estatal.
Dominó una suerte de despreocupación que tiene su contracara: arribando al último mes del año, existe un cuello de botella de 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores que no han sido elegidos por el Presidente para que el Senado los avale y pueda entrar en funciones. Milei no nombró un solo juez, la tentación de cualquier presidente.
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La Corte Suprema se mantiene con cuatro miembros. Pronto se jubilará Carlos Maqueda, mientras siguen sin pasar el filtro los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
CSJA
Pero eso no es bueno porque obstaculiza la normal prestación del servicio de justicia. Eso complicó también que la propuesta para integrar la Corte Suprema pase el filtro. La amenaza de echar mano de un decreto para que ingresen en “comisión” es otro ejemplo de flojera institucional, cuyas eventuales consecuencias habrá que dimensionar.
¿Cómo explicar a inversores del mundo que la Argentina tiene un 25% de vacantes en los jueces que deben entender en litigios muchas veces complejos y que el máximo Tribunal puede llegar a funcionar con tres personas y otras dos nombradas “por un año” y sin seguir los preceptos constitucionales?
El reflejo permanente en la iniciativa gubernamental por atiborrar de leyes que van contra el texto fundamental, violentando algún artículo, o se superpone con cuestiones ya legisladas o sobre las cuales Argentina tiene sanciones internacionales por no haber seguido jurisprudencia internacional se acumulan por semana. ¿Eso quiere decir que hasta ahora el Gobierno ha tenido problemas de gobernabilidad por estas acciones? No, se diría casi lo contrario. Un llamado de atención a la pasividad que estos temas engendran y a lo poco taquilleros que son para las encuestas de opinión ciudadana.
A la Argentina, desde siempre, le faltan años de instrucción cívica en sus programas educativos para la formación de una ciudadanía que tenga estos valores –no como una cuestión ajena o leguleya-, sino para el impacto real que puede tener en su devenir cotidiano. De ser así, las exigencias a los presidentes serían mandatorias y su apartamiento, preocupación en los sondeos de opinión. Argentina tiene laxos valores institucionales y Milei lo sabe y juega al fleje aprovechando su condición de outsider y su discurso belicoso contra la política tradicional que viene a ser una suerte de buzón donde se transfiere –como en el psicoanálisis- la voluntad de gobernar sin otros poderes que obstaculicen o hagan de contrapeso, con la justa frustración ciudadana de décadas de percibir deterioro en todo cuanto lo rodea.
El primer año de gobierno de Milei cierra esencialmente con una deuda de fortalecimiento de las instituciones que exceden el declaracionismo: desde borrar datos de quienes ingresaron al blanqueo de los sistemas del ARCA (exAFIP), algo imposible, a considerar “héroes” a los evasores. A Dios gracias, las buenas artes de negociación permitieron que Argentina no cayera en la lista gris del GAFI.
El abuso del “veto” como herramienta para evitar legislaciones incómodas tuvo como contrapartida la sospecha de que se utilizó cualquier medio para convencer al número justo de legisladores para que no se pudiera insistir en la norma vetada. La indiferencia a la sanción de un Presupuesto Nacional por segundo año consecutivo lleva a la idea de que el objetivo no es aprobarlo, sino precisamente disponer a discreción de fondos. La modificación de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos es una invitación para que el narcotráfico siente a sus propios representantes. De ahí para abajo, cualquier industria que quiera tener su diputado podrá financiarlo ya a cara descubierta.
La opacidad de la nueva SIDE, pomposamente brandeada y con un presupuesto inicial que excedía por lejos el de administraciones anteriores sugiere un orden de prioridades donde no quedan muy claros los límites desde donde se pretende ejercer el poder. A la pelea con la vicepresidenta Victoria Villarruel no la anotamos en esta saga. Argentina tiene historial completo de peleas entre presidente y vice que ya son un hábito.
El funcionamiento armónico de los tres poderes del Estado, ajustado a la Constitución y con roles de contrapeso en las decisiones, controles efectivos y una mínima porción de seriedad a la hora de impulsar iniciativas suena a entelequia. Dentro de un año se verá si fueron pronósticos agoreros o en algún momento habrá que pagar la factura de haber minimizado la institucionalidad como un pilar central de la democracia.