La indefinición de los expedientes por el asesinato del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas y las criptoestafas concatena dos efectos característicos de la defección judicial: la impunidad y la calumnia.
Sobre todo en episodios de alto impacto social, la inexistencia de hipótesis oficiales legitimadas por procedimientos jurídicos genera un clima social propicio para la manipulación al estimular la proliferación de relatos ayunos de pruebas y edificados sobre presunciones.
Al cumplirse dos años del asesinato de Rojas, sus hijos, Natalia y Fernando, ofrecieron una conferencia de prensa en la que cuestionaron la investigación que lleva adelante el fiscal Hugo Costilla y tendieron sospechas sobre el actual ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni.
“El tipo que le robaba a mi papá lo sucedió como ministro”, dijo Natalia, quien junto a su hermano sostiene que a Rojas lo mataron porque se aprestaba a denunciar matufias que había descubierto entre las segundas líneas de la cartera que conducía, o se negaba a convalidarlas.
Más allá de la empatía con el dolor de la familia Rojas y la inobjetable legitimidad de su reclamo, conviene recordar un detalle: la muerte del ministro comenzó a investigarse como asesinato porque el sindicalista Luis Barrionuevo lo denunció como tal cuando el cuerpo iba a ser sepultado, casi 24 horas después de que su hijo Fernando lo encontrara en su casa. Hasta ese momento, la hipótesis era de muerte por causas naturales.
Rojas era hombre de extrema confianza de Barrionuevo, un incondicional; Mascheroni es su sobrino ¿Por qué Barrionuevo iba a querer que la muerte por causas naturales se abordara como homicidio?
La supuesta conjura para el encubrimiento pierde verosimilitud en cuanto se plantea tan simple interrogante. Fue Barrionuevo quien evitó que el ministro fuera enterrado y la investigación se cerrara sin más trámites. Es difícil imaginar mejor encubrimiento que la muerte por causas naturales.
Cabos sueltos
Si se tiene en cuenta el escándalo que provocó en su momento, es por lo menos curioso que la determinante intervención del gremialista haya desaparecido de la agenda. Tan curioso como que no se enfatice más sobre las deficiencias que signaron el inicio de la instrucción en manos del fiscal Laureano Palacios y los numerosos elementos que marcaron la disfuncionalidad del sistema en el Jury que lo absolvió en junio del año pasado.
El proceso expuso un fiscal incapaz de hacerse con las riendas de una investigación de alto impacto social, institucional y político, a quien los auxiliares judiciales y policiales le habían retaceado elementos para orientarse o contribuido activamente a despistarlo.
En agosto pasado, el Ministerio Público Fiscal difundió un comunicado para informar sobre los esfuerzos realizados para sacar a la investigación del estancamiento, con una pretensión tácita idéntica a la del que había emitido cuando se cumplió el primer año del homicidio: intentar convencer a la opinión pública de que el pertinaz misterio que envuelve al caso no se debe a fallas del sistema judicial, pese a que nadie ha sido siquiera reconvenido por un inicio del expediente plagado de indicios de incompetencia, negligencia y desidia, por decir lo menos.
Que la Justicia no haya esclarecido el crimen es grave, sin dudas, pero las indagaciones realizadas durante dos años tampoco le han permitido al fiscal Costilla descartar ninguna de las versiones que andan circulando sobre sus móviles, ni avanzar sobre los responsables del desastre originario.
Sobre esa laguna se estructura un insistente rumor que intenta asociar el asesinato con las criptoestafas: Rojas habría descubierto que dinero de Desarrollo Social se había colocado en las financieras fraudulentas.
Esterilidad complementaria
La esterilidad de la Justicia provincial se acopla para el combo impunidad-calumnias con la de la Justicia Federal, que lleva más de dos años engordando los expedientes de las criptoestafas sin elevarlos a juicio.
La prolongada instrucción involucra a varias financieras y personas, pero un personaje se impone por su celebridad: Edgar Adhemar Bacchiani, único de los imputados que cumple prisión preventiva en el penal de Miraflores desde hace dos años y ocho meses, mientras sus cómplices y el resto de los encartados, incluidos los propietarios de RT Inversiones, disfruta de unas flexibles domiciliarias.
Desde el presidio, Bacchiani ha ofrecido indicios de que fue blanco de estafas, mejicaneadas y extorsiones montadas por socios, empleados, exparejas, inversores, abogados, escribanos y su apoderado legal, Lucas Retamozo, quien ya desde los albores de la causa se manejó en coordinación con el abogado Alfredo Aydar, representante de una multitud de damnificados. El “Trader God” asegura que lo despojaron de un patrimonio que le permitiría pagar sus voluminosas deudas. Tales dichos deben valorarse con las reservas del caso, por supuesto, pero la cuestión es que, como en el Caso Rojas, la indefinición judicial abona el terreno para sembrar en la opinión pública versiones de todo tipo, que desacreditan a medio mundo menos a quienes contribuyeron a cara descubierta a edificar la confianza en Bacchiani desde que comenzaron a montarse las pirámides con la cripto-tapadera.
Caracterizados dirigentes políticos defendieron las maniobras como novedosos mecanismos de progreso frente a las advertencias de que podían encubrir estafas. Estos avisos, que fueron muchos, se toparon con una sociedad afiebrada de avaricia, pero en cualquier caso llama la atención que las fantásticas historias que se traman excluyan a promotores de la primera hora, que hasta llegaron a proponer que Bacchiani fuera condecorado por la Legislatura. “Adhemar Capital” fue sponsor del equipo futbolístico nada menos que del Colegio de Abogados de Catamarca.
Los desmemoriados omiten también un ingrediente clave: detrás del expediente penal se desarrolla una no tan discreta guerra por el multimillonario botín.
A más de uno le interesa menos que Bacchiani, sus socios y epígonos vayan a juicio que hacerse de su tajada. A otros tantos que ya engulleron, les viene al pelo que su antiguo benefactor siga el limbo de la preventiva: no vaya a ser que se vaya de boca en juicio oral y público y les corte los eructos.