El máximo tribunal resolvió por unanimidad invalidar los artículos 267 y 269 del decreto que eliminó el control estatal sobre las cuotas de la medicina prepaga. Es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre una sección del megadecreto.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró, por unanimidad, la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, mediante los cuales el Gobierno de Javier Milei suprimió las facultades del Estado para controlar los valores de las cuotas de la medicina prepaga. Es la primera vez que el máximo tribunal invalida una parte del megadecreto dictado a pocos días de iniciada la actual gestión.
El fundamento central de la decisión sostiene que “los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación”. El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional habilita los decretos de necesidad y urgencia solo en circunstancias excepcionales, cuando resulta imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.
El fallo produce efectos únicamente en el caso individual. Se trata de una acción de amparo que María del Carmen Bobbio interpuso contra Swiss Medical, tras un aumento cercano al 110 por ciento en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
La Corte resolvió que el DNU 70/2023 modificó o derogó una cantidad extensa de normas sin demostrar, en cada caso, las razones de necesidad y urgencia que la Constitución exige. El decreto avanzó sobre la Ley de Alquileres, las leyes de Abastecimiento y de Góndolas, el régimen de sociedades y el de las empresas públicas, la Ley de Tierras Rurales, el Código Aduanero y buena parte de la legislación laboral, entre otros ejemplos.
Pasaron casi tres años hasta que la Corte se pronunció sobre uno solo de los aspectos del decreto, y lo hizo sobre uno de los más acotados. El tribunal tiene la función de custodiar la supremacía constitucional.
El fallo deja abierta la posibilidad de que el Congreso debata y apruebe o rechace con las mayorías que la Constitución prescribe las materias incluidas en el decreto.
