El fiscal de Instrucción Hugo Costilla dio por terminada la investigación y elevó a juicio oral y público la causa conocida como «Baile a los cadetes de la Policía de la Provincia», iniciada hace casi 10 años por las lesiones sufridas por ocho cadetes durante un período de adaptación en 2016 y 2017. El exsubcomisario Jorge Rolando Romano fue acusado por lesiones graves calificadas por abuso funcional.
El fiscal de Instrucción Hugo Costilla dio por terminada la investigación y elevó a juicio oral y público la causa conocida como «Baile a los cadetes de la Policía de la Provincia», según la resolución a la que tuvo acceso este medio. La causa se inició a partir de los hechos ocurridos entre el 30 de diciembre de 2016 y avanzado el 2017 en un campamento de la Policía ubicado en Las Pirquitas, departamento Fray Mamerto Esquiú.
En su resolución, el fiscal pidió que el exsubcomisario Jorge Rolando Romano (47) sea juzgado por «lesiones graves calificadas por ser cometido mediando abuso funcional de miembros de la fuerza policial, en concurso ideal (ocho hechos), en calidad de coautor».
Los damnificados fueron los cadetes Darío Exequiel Rodríguez Vergara, Marcelo Martín Barrionuevo, Luis Miguel Pacheco, Matías Andrés Suárez, Matías Exequiel Restelli, Dante Exequiel Moya, Carlos Daniel Sequeida y Luis Alberto Villarreal, quienes sufrieron graves lesiones al ser sometidos a excesivos esfuerzos psicofísicos durante un «período de adaptación» en la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia.
Las actividades estaban a cargo del entonces director de la Escuela, comisario Ramón Marcelo Gutiérrez, y del jefe de estudios de la Escuela, subcomisario Jorge Rolando Romano, junto a numerarios afectados por disposición de Jefatura que prestaban servicios en la Escuela de Cadetes, de Suboficiales y en la Escuela Superior. También estuvo implicado en la causa el oficial inspector Carlos Javier Luna, quien murió durante la investigación penal.
Uno de los principales impulsores de la causa fue Matías Exequiel Restelli, quien se constituyó en querellante particular con el patrocinio del abogado Bruno Jerez. Por los abusos cometidos por personal policial, Restelli debió ser sometido a 11 sesiones de diálisis y quedó con secuelas de deshidratación, anemia, presión arterial variable y una dieta estricta de por vida.
«Gracias a Dios, después de este derrotero judicial y cambios de abogados, hoy al menos logramos estar en esta instancia de elevación a juicio», señaló Restelli en diálogo con El Ancasti. El cadete denunció haber sido víctima de un abandono por parte del Estado provincial luego de quedar con secuelas permanentes.
En un descargo, apuntó contra la gestión oficial: «El Gobierno de Raúl Jalil me hizo firmar un acuerdo y sacaron una junta médica diciendo que yo no tenía ninguna enfermedad, mientras que mis médicos me estaban tratando y gasté fortunas para recuperar mi salud».
Para finalizar, remarcó: «Desde el inicio, mi mujer y mi hija debieron asistirme hasta para hacer comida para vender. El Gobierno me arruinó la vida y nadie se hace cargo, mucho menos el Gobierno que estuvo representado por el exfiscal de Estado (Carlos) Dennet. Solo quiero justicia», finalizó.
La causa lleva casi 10 años de tramitación y ahora será el fuero oral y público el que determine la responsabilidad penal del imputado. Los ocho cadetes damnificados no cobraron indemnización alguna hasta el momento, según se desprende de la investigación.
