La directora del Servicio Penitenciario Provincial, Yuliana Gallo, indicó que existen protocolos implementados en otras jurisdicciones y que se aplicaría el más compatible con la realidad institucional. La coordinadora de ATTTA, Yoko Ortiz, sostuvo que se debe respetar la Ley de Identidad de Género.
La provincia de Catamarca cuenta con protocolos para la privación de la libertad de personas del grupo LGBTIQ+, pero estos no están formalizados. Así lo informaron fuentes oficiales y de organizaciones sociales. La directora del Servicio Penitenciario Provincial, Yuliana Gallo, declaró que existen protocolos que se están implementando en unidades penales de otras provincias y que «seguramente aquí aplicaríamos el que sea más compatible con nuestra realidad institucional».
En Argentina, la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad establece la conservación de los derechos no afectados por la condena y prohíbe la discriminación y los tratos crueles. La Ley 26.743 de Identidad de Género garantiza el reconocimiento de la identidad autopercibida, el trato digno y la confidencialidad. La Resolución 37/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación fijó directivas para el trato de personas LGBTI+ detenidas. En marzo de 2026, el Servicio Penitenciario Federal aprobó un protocolo para regular la clasificación, el alojamiento, la permanencia, la reubicación y el traslado de personas privadas de la libertad en función de su identidad de género.
Gallo indicó que en el penal de Capayán hay personas homosexuales confesas y que «algunos incluso conviven en su pabellón con su pareja pero no hay un pabellón único o especial para ellos». Añadió que, en caso de que alguien refiera sentirse inseguro, «para resguardar su integridad se lo aloja en un lugar distinto».
Yoko Ortiz, coordinadora provincial de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), recordó que «los derechos del grupo LGBTQ, y el tema de la privación de la libertad no es algo nuevo, es algo que siempre lo hemos trabajado y lo hemos vivido». Mencionó que en años anteriores no existían estos protocolos ni el respeto por la identidad y la valoración de la Ley Nacional de Identidad de Género. Asimismo, reconoció que hubo casos de mujeres trans detenidas que fueron trasladadas a la Comisaría de la Mujer y remarcó que «estos protocolos no tienen resolución ni hay un decreto, pero están aplicados».
El caso de Dana Vega, una mujer trans imputada por el homicidio de su abuela Aurora Carrizo y el intento de homicidio de su abuelo Nicolás Mercado, fue alojada en la Unidad Penitenciaria Nº 2, conocida como Correccional de Mujeres. Gallo aclaró que una situación como esta requiere una evaluación psiquiátrica que oriente y respalde cualquier decisión sobre su alojamiento y tratamiento. «Con la evaluación, se determinará qué cuidados requiere para estabilizar su situación», afirmó.
Ortiz señaló que desde la Secretaría de Seguridad se informó que estaban dadas las directivas para disponer de un espacio adecuado para no interferir con su salud mental. «Estaba bajo tratamientos de salud mental, con tratamiento psicológico, acompañamiento psicológico también», sostuvo. Advirtió que en redes sociales y en algunos medios se expresan comentarios basados en la identidad de género o la orientación sexual. «Nada justifica lo que pasó. Va a actuar la justicia. En el caso de que sea culpable, obviamente va a tener una sentencia como cualquier persona que haya cometido este tipo de gravedad del delito. No estamos pidiendo privilegios porque sea una persona trans, simplemente estamos pidiendo que se respete su identidad de género y su orientación sexual», declaró.
El Informe Anual 2025 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) dedica un apartado a la población LGBTIQ+ privada de libertad. Señala que este colectivo está expuesto a violencia policial y detenciones por motivos discriminatorios, y que los criterios de alojamiento no son uniformes. Advierte que, con el argumento de protegerlas, algunas administraciones alojan a estas personas en celdas de aislamiento solitario, con obstáculos para acceder a salud o educación, por períodos «extremadamente prolongados». También describe requisas sin respeto a la identidad de género. Sobre las personas trans, el documento indica que representan el 0,2 % de la población detenida del país: 211 personas al cierre de 2024, de las cuales 203 estaban en servicios penitenciarios. El informe no aporta datos desagregados sobre Catamarca.
