La diputada provincial Laura Quintero (GENERAR) solicitó acceso a las actas de las supervisiones mensuales que el Ministerio de Educación y Trabajo había anunciado a los legisladores, en el marco del caso del Colegio Pía Didoménico.
La diputada provincial Laura Quintero (GENERAR) presentó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Educación y Trabajo para solicitar las actas de las supervisiones mensuales que la cartera había informado a los legisladores. La solicitud se produce después de que el Ministerio suspendiera por seis meses el aporte estatal al nivel secundario del Colegio Pía Didoménico, sanción vigente desde el 2 de noviembre.
El sumario administrativo concluyó que la institución tenía conocimiento de situaciones de hostigamiento desde junio. El Ministerio, en tanto, informó que tomó conocimiento de la situación el 21 de octubre.
En declaraciones a la prensa, Quintero recordó que en la reunión a la que los legisladores fueron convocados en el Ministerio, la ministra Verónica Soria y su equipo técnico les comunicaron que supervisarían los colegios una vez al mes. “Si ellos cumplieron con esta tarea de supervisión, entonces queremos ver las actas en las que se materializaron esas supervisiones”, planteó.
Y agregó: “La verdad nos cuesta creer que hayan tenido lugar estas supervisiones y no se hayan enterado de absolutamente nada”.
La legisladora explicó que su pedido no es un proyecto legislativo, sino una nota dirigida directamente al Ministerio. En ese texto solicitó conocer las pruebas y la documentación analizadas en el sumario, además de su resolución. La presentación abarca las supervisiones de 2025 y 2026 anteriores al 21 de octubre. Algunos puntos quedaron sin objeto porque el sumario ya se resolvió, pero aún falta que se respondan y se envíen las actas de supervisión que llevó a cabo el Ministerio.
En el mismo pedido preguntó si se había dado intervención a las familias, a las que definió como “la palabra autorizada” para determinar cuándo empezaron los hechos. Según indicó, tenía conocimiento de que no se las había convocado.
Consultada sobre la posibilidad de que existan casos que no trascienden en colegios públicos del interior, respondió que le preocupa “un montón”. Remarcó que este caso se conoció porque trascendió. “Estuvimos cuatro meses sin conocer este gravísimo hecho. Hasta había una denuncia y no la conocimos”, señaló. Estimó que hay situaciones similares en escuelas públicas y privadas, “porque esto no discrimina a ningún colegio, a todos les pasa”.
Respecto de las iniciativas legislativas sobre bullying, ciberbullying y violencia digital, indicó que son entre 15 y 16 proyectos de distintos autores. Como los objetos de cada uno son diferentes, se consensuó unificarlos en tres.
En esa línea, planteó que hace falta un abordaje integral que empiece antes de que los casos ocurran, con capacitación para los docentes y trabajo con las familias. “La familia también es un eslabón importante, creo que el primero en esta situación, porque la educación es desde la casa”, afirmó. Y resumió: “Para que esto deje de ocurrir, el trabajo tiene que ser conjunto, familia, escuela, sociedad y Estado”.