El diputado provincial Francisco Monti afirmó que las cámaras de proveedores mineros actúan como intermediarias en el acceso a las contrataciones del sector y propuso eliminar esa intervención. Por su parte, el diputado Mamerto Acuña cuestionó la falta de control legislativo sobre el Fondo Fiduciario de Regalías Mineras.
El diputado provincial Francisco Monti cuestionó el funcionamiento de las cámaras de proveedores mineros y sostuvo que sus dirigentes actúan como intermediarios para determinar quiénes pueden acceder a las contrataciones de las empresas del sector. Los calificó de “jeques” y afirmó que el Gobierno provincial avala un sistema que, según dijo, deja afuera a trabajadores y emprendedores locales.
En una entrevista con Tiempo Real, de Ancasti Streaming, Monti se refirió a las exigencias para inscribirse en el Registro Provincial de Proveedores de Empresas Mineras (REPEM) y ser considerados dentro del esquema de contratación local que establece que las empresas mineras deben destinar el 70% de sus contrataciones de bienes y servicios a proveedores locales, mientras que el 30% restante puede corresponder a firmas de otras jurisdicciones.
Según planteó, la intervención de las cámaras se convirtió en una barrera para quienes no forman parte de esas organizaciones. “Tenés que andarle pidiendo permiso a los ‘jeques árabes’ que se han establecido en los distintos departamentos de la provincia, que se creen amos y señores y son los jefes de las cámaras”, afirmó.
Consultado sobre esa comparación, respondió: “Son los que parten, reparten y se llevan la mejor parte”. “¿Qué pasa si la cámara no te quiere meter? ¿Qué pasa si la cámara no te quiere aceptar?”, preguntó al cuestionar el peso que, según su denuncia, tienen esas entidades en el registro.
El legislador dijo que recibió quejas en Belén, Tinogasta, Andalgalá y Santa María y aseguró que existen decenas de testimonios sobre representantes de cámaras que ofrecerían negocios o condicionarían oportunidades a vínculos personales y disputas internas. “Si no tenés el tongo con la cámara no podés ser proveedor”, sostuvo.
Comparó la posibilidad de abrir un comercio con las dificultades que, según dijo, enfrenta quien busca vender a las mineras. “¿Cómo puede ser que vos sos un trabajador o microemprendedor de Tinogasta o de Santa María y para que te tomen como trabajador o proveedor local en Catamarca tenés que estar inscripto en una cámara?”, planteó.
El diputado relató que había recibido el mensaje de una persona que, según le manifestó, llevaba tres años intentando resolver su situación para acceder al sistema.
Aclaró que su cuestionamiento no apunta a la existencia de los organismos, sino a la participación que les atribuye en decisiones vinculadas con el acceso a las contrataciones.
Rechazó que el Estado transfiera a entidades privadas lo que considera una potestad pública y sostuvo que esa intermediación permitiría imponer condiciones a trabajadores y empresas interesadas en prestar servicios.
Monti propuso modificar el mecanismo de inscripción para que cualquier catamarqueño pueda registrar directamente sus datos y los de su emprendimiento en una plataforma pública de internet, sin depender de la intervención de una cámara. “Nosotros no queremos ningún tipo de intermediación”, insistió.
También vinculó sus críticas con los conflictos registrados entre proveedores locales y compañías mineras. Cuestionó la respuesta del gobernador Raúl Jalil, quien mantuvo reuniones con representantes de cámaras del sector luego de los reclamos por una mayor participación de firmas catamarqueñas en las contrataciones.
“Jalil, la solución que le da a esto es reunirse con parte del problema, porque acá a quien hay que darle una solución es a la gente, a los trabajadores, a los emprendedores, no a los intermediarios”, manifestó. A su entender, el Gobierno debería revisar el papel que cumplen esas organizaciones antes que limitarse a negociar con sus representantes.
El legislador sostuvo que los reclamos se repiten en sus recorridas por el oeste provincial y los relacionó con una percepción de escasos beneficios de la minería para las comunidades. “La minería sentimos que no nos cambia la vida”, resumió.
En ese marco, consideró que la discusión sobre los proveedores forma parte de un debate más amplio acerca de cómo se distribuyen las oportunidades económicas generadas por la actividad. Insistió en que los emprendedores deben poder ofrecer sus productos y servicios a las empresas mineras sin depender de la aceptación de dirigentes sectoriales.
El diputado Francisco Monti confirmó que trabaja en la construcción de una alternativa provincial para las elecciones de 2027 y evitó involucrarse en las discusiones y acuerdos entre dirigentes opositores. “Las fotos van y vienen. Vos andás por Catamarca y nadie te está preguntando por ninguna foto”, afirmó en Tiempo Real. Sostuvo que el espacio que integra deberá enfrentar al peronismo, que, según estimó, podría postular a Gustavo Saadi o Fernando Jalil.
Planteó que la definición de candidaturas debe surgir de las recorridas por el interior y de acuerdos sobre propuestas de gobierno. “La construcción de la alternativa de poder no es un carnaval de dirigentes, es una idea común”, señaló.
Los diputados provinciales Francisco Monti y Mamerto Acuña cuestionaron la administración del Fondo Fiduciario de Regalías Mineras. Monti presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por una diferencia de más de $3.200 millones entre los registros de recaudación y los ingresos declarados, mientras que Acuña advirtió sobre la falta de control legislativo de las obras financiadas con esos recursos.
En su presentación, el diputado de LLA solicitó una auditoría especial para esclarecer las diferencias detectadas entre los registros de ARCAT y las rendiciones del Fondo Fiduciario. Según el cotejo realizado, el organismo recaudador registró $17.907 millones entre junio de 2025 y mayo de 2026, mientras que el fideicomiso informó ingresos por $14.655 millones entre julio de 2025 y junio de 2026.
La diferencia asciende a $3.251 millones. El cálculo compara períodos desplazados un mes, bajo el supuesto provisional de que las regalías ingresan al Fondo al mes siguiente de su recaudación. Monti pidió determinar si la brecha responde a transferencias pendientes, diferencias contables u otras causas.
“No estamos diciendo que alguien se quedó con la plata”, aclaró el legislador, quien también reclamó documentación bancaria y la rectificación de las rendiciones semestrales. “Si los números cierran, que lo muestren con papeles. Si no cierran, alguien tiene que dar explicaciones”, sostuvo.
Por su parte, Acuña cuestionó la falta de información sobre el destino de esos recursos. En una entrevista con Tiempo Real de Ancasti Streaming, afirmó que los presupuestos del fideicomiso no pasan por la Legislatura y que los informes enviados por el Ejecutivo no permiten identificar las obras financiadas, las empresas contratistas ni el avance de los trabajos.
“Los presupuestos del fideicomiso jamás han pasado por la Legislatura Provincial”, señaló. Según explicó, para este año estaban previstos $14.000 millones provenientes de regalías mineras, pero dijo desconocer cuánto se percibió y cuánto se ejecutó efectivamente.
Acuña también puso el foco en un aporte adicional del Estado provincial de $7.750 millones, cifra que atribuyó a información periodística. Aclaró que esos aportes están contemplados, pero cuestionó que los diputados no cuenten con información para establecer por qué se necesitan ni a qué proyectos se destinan.
El legislador de GENERAR sostuvo que las rendiciones semestrales tampoco precisan montos de los contratos, porcentajes de ejecución ni fechas de finalización de las obras. «Son dos hojitas de recursos”, cuestionó. Para Acuña, esta falta de información impide que la Legislatura ejerza un control efectivo sobre los recursos destinados a la obra pública mediante el fideicomiso.
El Ancasti informó en su edición de ayer que el pasado 22 de septiembre el Gobierno de la Provincia le otorgó un «aporte en concepto de asistencia financiera» al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de $7.751.931.506,57, destinado «a cubrir pagos pendientes correspondientes a los distintos certificados de obras que se ejecutan con fondos de Regalías Mineras».
Esta inyección de dinero se conoció días pasados en el Boletín Oficial, con la publicación del decreto nº970/2026 del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, que quedó habilitado a «efectuar todos los trámites necesarios» para poder cumplir con el aporte y realizar las adecuaciones y reasignaciones presupuestarias de créditos que resulten necesarias «a fin de poner en inmediata ejecución lo dispuesto».