El Gobierno británico formalizó el 1 de octubre de 2026 que las nuevas licencias de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberán contar con el consentimiento del secretario de Estado, quien actuará según la legislación aplicable del archipiélago. La definición se produjo en una respuesta parlamentaria ante la Cámara de los Lores, en medio de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y del avance del proyecto Sea Lion.
La definición quedó formalizada el 1 de octubre de 2026 en una respuesta oficial ante la Cámara de los Lores, en el marco de una consulta presentada por el conservador Lord Moynihan. La pregunta, identificada como HL3722, había sido presentada el 17 de septiembre y consultaba al Gobierno británico sobre el impacto ambiental de nuevos yacimientos petroleros y su posición frente al desarrollo de esos proyectos.
En su respuesta, el subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento, Lord Wood of Anfield, sostuvo que el Reino Unido mantiene su respaldo al desarrollo de los recursos naturales de las islas bajo el argumento de la autodeterminación.
El funcionario precisó además que las nuevas licencias de hidrocarburos requieren el consentimiento del secretario de Estado, quien debe actuar de acuerdo con la legislación aplicable de las Islas Malvinas.
¿Qué cambia con la decisión?
Aunque el Gobierno de las Islas Malvinas conserva la responsabilidad sobre el desarrollo de los hidrocarburos y las normas relacionadas con seguridad y protección ambiental, la respuesta parlamentaria británica deja establecido que las nuevas licencias tendrán una instancia final de aprobación por parte del Gobierno del Reino Unido.
La propia administración de las islas informó recientemente que extenderá las licencias de hidrocarburos offshore existentes por un período inicial de cinco años, con la posibilidad de sumar otros dos, siempre que las empresas cumplan con sus programas de trabajo. La medida cuenta con el respaldo del Gobierno británico.
El mecanismo adquiere especial relevancia en medio de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y mientras avanza el desarrollo de proyectos petroleros frente al archipiélago.
El proyecto Sea Lion, en el centro de la atención
Uno de los principales proyectos es Sea Lion, ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas.
El emprendimiento es operado por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration mantiene el 35% restante. La primera etapa contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).
El proyecto ya cuenta con una decisión final de inversión y tiene previsto iniciar la producción durante 2028. La compañía Rockhopper informó que las tareas de perforación y completamiento están previstas para comenzar a principios de 2027.
Una segunda fase contempla otros 12 pozos, mientras que el desarrollo de otras áreas podría ampliar considerablemente la producción futura.
La posición del Reino Unido y el reclamo argentino
El Gobierno británico sostiene que los habitantes de las Islas Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como parte de su derecho a la autodeterminación.
Argentina, en cambio, sostiene que las islas forman parte de su territorio y rechaza que la autodeterminación de los isleños pueda resolver la disputa de soberanía. Buenos Aires considera que la explotación de recursos naturales en el área se realiza en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.
La cuestión también se encuentra atravesada por la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a negociar una solución.
Una definición que llega en medio de una creciente tensión
La confirmación de Londres sobre el mecanismo de autorización para futuras licencias se produce mientras el Gobierno argentino intensifica sus acciones contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las aguas próximas a las Malvinas.
En septiembre, el presidente Javier Milei anunció nuevas medidas contra compañías que desarrollen actividades vinculadas con los recursos naturales de las islas sin autorización argentina. El conflicto también alcanzó al proyecto Sea Lion, sobre el que Argentina cuestiona la legalidad de las licencias otorgadas por las autoridades isleñas.
En este contexto, la decisión británica agrega un nuevo elemento a la disputa: cualquier eventual nueva licencia de hidrocarburos en las Malvinas deberá pasar por una instancia de aprobación del Gobierno del Reino Unido, mientras la administración de las islas continuará gestionando el marco regulatorio y ambiental correspondiente.
Con el proyecto Sea Lion avanzando hacia su objetivo de comenzar a producir petróleo en 2028, los recursos energéticos del Atlántico Sur vuelven a quedar en el centro de la disputa entre Buenos Aires y Londres.