El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca comunicó que respondió a un oficio de la Fiscalía de Instrucción Penal de Séptima Nominación en el marco de una investigación por presunta falsificación y uso de instrumento público. La cartera aclaró que la investigación presumarial no implica imputación ni sanción.
Dadas las afirmaciones mediáticas de una docente investigada por la Justicia provincial en vista de presuntos hechos de falsificación y uso de instrumento público, y defraudación en perjuicio de la administración pública, el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca informó que en el caso se limitó a responder un oficio de la Fiscalía de Instrucción Penal de Séptima Nominación.
En el mismo se solicita conocer si la docente citada, entre otras personas investigadas, incorporó a su legajo o invocó como antecedente el título correspondiente al Instituto Superior “Clara J. Armstrong”, respecto del cual se detectaron presuntas inconsistencias en la documentación académica respaldatoria.
El Ministerio de Educación y Trabajo indicó que ha iniciado la investigación presumarial DISPC-2026-180-E-CAT-DPSD#MET, según las previsiones establecidas en el Decreto 413/00, en su artículo 28, a fin de investigar la presunta presentación de un título apócrifo por parte de la agente.
En este sentido, precisó que una Investigación Presumarial constituye una instancia preliminar de carácter administrativo, prevista por el Reglamento de Sumarios para el Personal Docente de la Provincia de Catamarca. Su finalidad es reunir antecedentes, verificar los hechos denunciados o puestos en conocimiento de la autoridad, recabar los elementos de prueba pertinentes y determinar, sobre la base de las actuaciones producidas, si corresponde o no la adopción de medidas posteriores.
Por lo tanto, la sola disposición de una Investigación Presumarial no implica la existencia de una imputación, inconducta administrativa o sanción ni determina, por sí misma, la responsabilidad administrativa de la docente involucrada. Así lo señaló el Ministerio, que agregó que, al contrario de las declaraciones públicas de la docente, no implica movilidad alguna de sus funciones ni cese de percepción de sus haberes, razón por la cual la agente debe seguir prestando servicios hasta que concluyan las investigaciones de rigor.