La Comisión de Pastoral Social del Episcopado se pronunció en el debate por la emergencia en discapacidad y afirmó que el presupuesto 2027 deroga normativas centrales de la ley que regula el sector. El organismo eclesiástico sostuvo que la respuesta del Estado no debe reducirse a una «ecuación matemática».
La Comisión de Pastoral Social del Episcopado pidió “responder sin demoras” a la situación que atraviesan las personas con discapacidad, en el marco del debate en el Congreso sobre un proyecto que define la continuidad de la emergencia en ese sector social. La entidad solicitó que la discapacidad no sea evaluada desde una métrica exclusivamente financiera.
En una declaración difundida por el área de Discapacidad del organismo episcopal, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, se afirma que para las personas que enfrentan esta emergencia y sus familias está en juego la posibilidad de sostener tratamientos, terapias, apoyos y condiciones básicas para su vida cotidiana.
El pronunciamiento se conoció durante los preparativos del viaje del papa León XIV a la Argentina, cuyo programa incluye una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, uno de los centros de atención integral de personas con discapacidad del país.
La comisión episcopal advirtió que el proyecto de presupuesto 2027 enviado al Congreso deroga normativas centrales de la ley de Emergencia en Discapacidad. “Advertimos que pretender eliminar la cobertura médica obligatoria, fragmentar los aranceles únicos que universalizan el sistema o restringir el acceso a pensiones no constituye un simple ajuste fiscal, sino un desamparo ético intolerable”, expresó.
El texto señala que, mientras el Congreso debate decisiones con consecuencias sobre la vida de las personas con discapacidad y sus familias, la visita del Papa puede ser una oportunidad para responder: “¿Qué sociedad estamos construyendo cuando quienes más necesitan de los demás quedan al margen?”.
“La respuesta del Estado no debe reducirse a una ecuación matemática. Detrás de cada terapia, tratamiento o insumo médico existe una persona real con un proyecto de vida, dolores y esperanzas. El presupuesto público debe erigirse como una herramienta para el desarrollo humano y evaluar la discapacidad únicamente desde una métrica financiera es una práctica de deshumanización que degrada la dignidad de la vida”, se indica en la declaración.
El organismo de la Iglesia sostiene que “la discapacidad no puede ser mirada como un problema que concierne solamente a quienes viven esta realidad y a sus familias. Nos plantea una pregunta más profunda acerca del tipo de sociedad que queremos construir”.
Tras señalar que la respuesta no puede quedar librada a las posibilidades económicas de cada familia, el equipo de Pastoral Social afirma que “cuando el acceso a los apoyos necesarios depende únicamente de los recursos individuales, corremos el riesgo de que la dignidad y los derechos de las personas queden condicionados por su capacidad económica”.
El área de Pastoral Social se refiere también a la decisión del Santo Padre de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. “No se trata de un hecho casual, sino de un gesto de profundo contenido simbólico: el Papa elige que uno de los primeros lugares de su visita sea una casa donde viven y son acompañadas personas con discapacidad”, advierten los obispos.
Tras recordar que León XIV enseña que cada vida posee una dignidad única e irrenunciable, expresan que la presencia del Papa en ese lugar es “un reconocimiento del valor de estas personas, de sus historias y sus aportes a la comunidad” y una invitación a “revisar nuestra manera de mirar la fragilidad y a preguntarnos qué lugar ocupan en nuestra sociedad quienes necesitan especialmente del cuidado y del acompañamiento de los demás”.
En línea con la encíclica Magnifica Humanitas, de León XIV, el pronunciamiento añade que “la fragilidad no puede ser considerada únicamente como una carencia que debe ser compensada”, al tiempo que llama a humanizar los vínculos, fortalecer la solidaridad y reconocer que “necesitamos unos de otros”.
El texto expresa, además, que los recursos públicos son limitados y requieren decisiones responsables. “Esas decisiones tienen una dimensión humana y social a ser considerada y requiere, especialmente, escuchar la voz de las propias personas con discapacidad, de sus familias, de los profesionales y de las instituciones que cotidianamente sostienen esta realidad”, concluye.