El Banco Central clasifica a 3,8 millones de personas en Situación 5, la categoría más grave de morosidad. Las entidades financieras ya pasaron a pérdida más de 140.000 préstamos en lo que va del año.
Argentina atraviesa uno de los procesos de sobreendeudamiento familiar más severos de su historia. Según datos del Banco Central, 3,8 millones de personas están calificadas como deudores irrecuperables, es decir, acumulan más de un año de atraso en el pago de sus obligaciones financieras. Se trata de la categoría más grave dentro de la clasificación del BCRA —la llamada Situación 5—, reservada para los créditos que las entidades consideran de imposible cobro.
El problema admite dos lecturas. La primera es individual. Para una persona y su grupo familiar, caer en la categoría de irrecuperable implica una inhabilitación financiera de hecho. Quien queda registrado en esa situación pierde la posibilidad de acceder a nuevas líneas de crédito en el circuito formal, de obtener una tarjeta de crédito o de abrir una cuenta en un banco o en una entidad fintech. Esa exclusión condiciona decisiones como alquilar una vivienda, comprar en cuotas o garantizar un empleo que requiera informes crediticios. A esa inhabilitación se suma, casi de manera inmediata, una gestión de cobranza extrajudicial que puede caer en manos de estudios jurídicos que compran carteras de deuda a los bancos por una fracción de su valor y luego inician, por cuenta propia, reclamos sistemáticos. Esa gestión, en la práctica cotidiana, se traduce en llamados reiterados, intimaciones y un hostigamiento que puede derivar en el embargo de un porcentaje del sueldo, de cuentas bancarias o de bienes.
La segunda lectura es sistémica. Cuando la cantidad de personas en esta situación pasa a representar un porcentaje relevante del total de deudores del sistema financiero y no financiero, el problema deja de ser privado y se convierte en una cuestión de escala macroeconómica. El sistema bancario que acumula una cartera creciente de créditos incobrables debe absorber esas pérdidas —las entidades financieras ya debieron pasar a pérdida más de 140.000 préstamos, por varios billones de pesos, en lo que va del año—, lo que encarece y restringe el financiamiento disponible para el resto de la economía. Menos crédito disponible significa, a su vez, menos consumo, lo que profundiza el estancamiento de sectores que ya venían golpeados y alimenta un círculo en el que la caída de las ventas presiona sobre la morosidad comercial entre proveedores y empresas, extendiendo el problema desde el terreno de las familias hacia el tejido productivo.
Frente a un cuadro de esta envergadura, desde el propio Gobierno nacional se ha insistido en calificar al sobreendeudamiento de los hogares como un asunto “entre privados”. El Poder Ejecutivo Nacional sostiene que se trata de una relación entre acreedores y deudores, y que no corresponde la intervención estatal. Esa posición, según el oficialismo, se basa en un principio de no injerencia en las relaciones contractuales entre privados.