El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó en la Cámara de los Comunes que su país será «implacable» en la defensa de las Islas Malvinas, en respuesta a las acciones administrativas anunciadas por el Gobierno argentino contra empresas petroleras no autorizadas.
El primer ministro británico, Andy Burnham, ratificó la posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas durante una sesión de preguntas en la Cámara de los Comunes. «Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas», declaró el líder del Partido Laborista, y agregó: «Respetaremos los derechos de los isleños que decidieron ser británicos».
Las declaraciones se produjeron en respuesta a las medidas anunciadas por el Gobierno argentino, que el martes 8 de septiembre inició procedimientos sancionatorios contra 15 personas y empresas vinculadas a la exploración y explotación petrolera no autorizada en la plataforma continental argentina, según un comunicado de la Oficina del Presidente. Con estas acciones, el total de involucrados bajo procedimientos administrativos y legales asciende a 60.
El texto oficial sostuvo: «Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía». Además, reafirmó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes «son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país».
En la sesión parlamentaria, Burnham también hizo referencia al referéndum de 2013, en el que la mayoría de los isleños votó por mantener la administración británica, y afirmó que no se negociará el estatus del archipiélago. Las declaraciones surgieron ante planteos de la oposición conservadora, encabezada por Kemi Badenoch.
Funcionarios de la cancillería británica remarcaron la validez de su alianza con Estados Unidos y descartaron que las decisiones argentinas afecten el control y respaldo sobre las islas, según indicaron.
El Gobierno argentino, por su parte, ratificó su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas para sancionar a los responsables de vulnerar la soberanía territorial. El presidente Javier Milei había anticipado el envío al Congreso de proyectos de ley para proteger los intereses nacionales en el archipiélago en disputa.