El concejal Diego Figueroa y el diputado Federico Lencina, de LLA, defendieron la reforma que desde septiembre permite juzgar a adolescentes desde los 14 años. Ambos detallaron los cambios y las sanciones previstas.
El concejal Diego Figueroa y el diputado Federico Lencina, ambos de La Libertad Avanza, se refirieron al nuevo Régimen Penal Juvenil que rige desde septiembre y que redujo de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser investigado y juzgado por un delito.
Figueroa cuestionó lo que calificó como una «sobreactuación» de ciertos sectores frente a la reforma y expresó su confianza en la juventud catamarqueña y en la sociedad adulta. «Ningún vecino de bien sale a la calle atemorizado por las consecuencias del Código Penal, porque sabe que su conducta se encuentra dentro de la ley», afirmó. También sostuvo que la nueva normativa alcanzará únicamente a quienes «comprendan la gravedad de sus actos».
«El mal no tiene edad cuando existe capacidad para entender lo que se hace y las consecuencias que se provocan», declaró Figueroa, y recordó que el Código de Faltas municipal, vigente desde 1999, ya preveía responsabilidad a partir de los 14 años. «No estamos hablando de perseguir a la juventud, sino de establecer reglas, responsabilidades y consecuencias para las conductas más graves», cerró.
Por su parte, Lencina detalló los cambios centrales de la reforma, que derogó por completo el Decreto Ley 22.278 vigente desde 1980. Explicó que la nueva ley elimina el esquema anterior, que obligaba a esperar hasta los 18 años para dictar una condena tras un tratamiento tutelar, y que ahora permite avanzar con el proceso sin ese límite de edad.
Señaló que la norma no distingue franjas etarias entre los 14-15 y los 16-17 años, aunque fija topes: prohíbe la prisión y la reclusión perpetua, establece un máximo de 15 años de pena y crea un catálogo de sanciones alternativas a la cárcel, que incluye amonestaciones, tareas comunitarias y privación de libertad domiciliaria o en instituto especializado.
Las declaraciones de ambos dirigentes se producen mientras la adecuación de la legislación provincial, pensada para funcionar bajo el decreto ya derogado, continúa sin resolverse en la Legislatura. El 5 de septiembre venció el plazo que la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia se había fijado para actualizar el régimen procesal penal juvenil de Catamarca.
Consultada por El Ancasti, la presidenta de esa comisión, Verónica Vallejos, reconoció que «el tema es largo y extenso». Hasta el momento, no hay registro de un proyecto presentado ante la Legislatura.