El fiscal Laureano Palacios y el abogado querellante Armando Medina Walther reiteraron su pedido para que la causa por el ataque a Ricardo Miguel Paucará sea elevada a juicio. La jueza Cecilia Mas Saadi declaró la nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
El fiscal de Instrucción Nº 2, Laureano Palacios, y el abogado querellante, Armando Medina Walther, manifestaron en la audiencia realizada en el Juzgado de Control de Garantías Nº 2, a cargo de la jueza Cecilia Mas Saadi, que la causa por el ataque a Ricardo Miguel Paucará debe llegar a debate «lo antes posible». Ambos respaldaron a la magistrada y consideraron que debe continuar con su intervención en el expediente.
Palacios sostuvo que, para respetar el plazo razonable y evitar la prescripción de las actuaciones, corresponde elevar la causa a juicio. Indicó que no se violentó el plazo razonable debido a la complejidad del caso, que involucra pluralidad de imputados y de delitos. Respecto de la recusación de la jueza planteada por las defensas, afirmó que no existe una causal válida y que el planteo debe ser resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. Además, señaló que desde el Ministerio Público Fiscal se procuró la reconstrucción histórica de los hechos con el fin de preservar el derecho de defensa.
Medina Walther, por la querella, expresó que Paucará sufre traumas desde el momento del hecho y no por el trámite procesal. Se manifestó en desacuerdo con la recusación de la jueza, al considerar que no existió adelanto de opinión. Asimismo, mencionó que hubo inteligencia policial previa a la persecución y detención de Paucará, según declaraciones de los hermanos de la víctima y del remisero, quienes habrían visto un móvil policial antes del hecho. En relación con la nulidad de la elevación a juicio, sostuvo que los hechos no cambiaron y que las modificaciones en la plataforma fáctica no alteraron la esencia de la imputación.
La jueza Mas Saadi resolvió declarar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal Palacios. Como consecuencia, las actuaciones retornarán a la fiscalía interviniente, que dispondrá de 15 días para subsanar los defectos formales. La decisión se tomó tras una audiencia en la que los abogados defensores de los efectivos, Pedro Vélez y Luciano Rojas, solicitaron el sobreseimiento de sus defendidos y recusaron a la magistrada por un supuesto adelanto de opinión en resoluciones previas.
El expediente investiga la agresión sufrida por Paucará el 20 de julio de 2015, cuando el automóvil de alquiler en el que circulaba fue interceptado en la esquina de Salta y Chacabuco. Según la acusación fiscal, los policías Cristian Raúl López, Lucas Ezequiel Valdez, Julio César Ponce y Juan Marcelo Picón hicieron descender a la víctima y la trasladaron sin orden judicial a la Comisaría Décima, donde permaneció privada de su libertad hasta el día siguiente. En la seccional, se sumó la intervención del efectivo Carlos Eduardo Romero Luján. De acuerdo con el escrito de acusación, los uniformados se cubrieron los rostros y sometieron a la víctima a torturas físicas y psicológicas mientras se encontraba esposada, obligándola a arrodillarse para propinarle golpes y azotes con cinturones en la planta de los pies. Las lesiones requirieron cirugías abdominales con resección intestinal, con una incapacidad médica de hasta 60 días y secuelas psicológicas permanentes.
Actualmente, López, Valdez, Ponce y Picón están imputados como coautores de privación ilegítima de la libertad agravada por abuso funcional en concurso real con vejaciones y lesiones graves. Romero Luján figura acusado como coautor de vejaciones y lesiones graves.