El presidente Javier Milei anunció sanciones para las empresas que realicen actividades de exploración o explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. La medida se da en el marco de un expediente judicial iniciado en Tierra del Fuego contra el proyecto petrolero Sea Lion.
El presidente Javier Milei anunció sanciones para las empresas que operen sobre recursos hidrocarburíferos y naturales en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina. El anuncio se realizó dos días después de que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaran una demanda en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego.
La demanda incluye una medida cautelar para que las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, de origen británico, interrumpan las actividades del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago. El expediente FCR 13706/2026 se inició el 1 de septiembre y la jueza federal Mariel Borruto corrió vista al Ministerio Público Fiscal.
Esta acción se suma a una denuncia presentada en mayo de 2026 por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ante la Autoridad de Valores de Israel (ISA) contra Navitas, por la información que la compañía habría proporcionado a sus inversores sobre los riesgos jurídicos y geopolíticos asociados a Sea Lion.
El anuncio presidencial se apoya en la ley nacional 26.915, sancionada en 2013, que establece penas de prisión de 5 a 10 años, multas equivalentes al valor de mercado de 20.000 a 100.000 barriles de petróleo crudo e inhabilitación especial para quienes realicen actividades de búsqueda o extracción de hidrocarburos en el lecho o subsuelo del mar argentino sin autorización del país. Esta norma modificó y endureció la ley 26.659, sancionada en 2011.
En su mensaje, Milei afirmó que «las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto» y añadió que «los isleños, al ser una población implantada, no tienen derecho a la autodeterminación». También convocó a todas las fuerzas políticas a sumarse «en una misma voz a este reclamo» y señaló la intención de acelerar la construcción de la base naval en Tierra del Fuego.
El contexto incluye un antecedente de 2015, cuando la Cancillería argentina y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios presentaron una denuncia penal contra las empresas Rockhopper Exploration, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA por actividades de exploración de Sea Lion sin autorización de la Secretaría de Energía.