El financiamiento informal, contraído de palabra y sin registros, representa una parte no cuantificada de la morosidad en Catamarca, según declaraciones del intendente Gustavo Saadi y datos de contexto sobre tasas de interés.
Las cifras sobre morosidad dadas a conocer en los últimos meses precisan los montos de las deudas de las familias, cuánto adeudan a los bancos, qué porcentaje de los créditos está en mora y cuánto creció el financiamiento con tarjetas o préstamos personales. Sin embargo, existe una parte de esa realidad que no aparece en las estadísticas: la deuda informal, contraída de palabra, sin contrato ni registro, con el prestamista del barrio.
El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, declaró que “en Catamarca es muy común que las familias con problemas económicos acudan al usurero del barrio”. Afirmó que el sueldo termina destinado al pago de intereses, hasta el punto de que algunas personas quedan atrapadas y terminan “trabajando para ese usurero”.
Una familia puede no figurar como morosa ante un banco, una financiera o una tarjeta de crédito y, sin embargo, tener una deuda contraída informalmente. Esa deuda no aparece en los informes de las entidades financieras, pero existe y puede implicar mayores riesgos que la registrada, según el contexto.
El préstamo informal puede convertirse en una puerta de entrada a un circuito de sometimiento en el que los métodos de cobro pueden incluir amenazas, extorsiones y violencia. Cuando acceder al crédito formal resulta difícil por los requisitos, la falta de ingresos demostrables o los antecedentes crediticios, el financiamiento informal aparece como una salida inmediata. En ese caso, el monto a devolver no es el factor principal, sino la obtención del dinero en el momento.
En el circuito informal, los intereses pueden alcanzar niveles que se consideran usurarios. Se mencionan tasas de hasta el 100% mensual en algunos casos, en un contexto en el que la inflación ronda el 2% mensual. Así, una necesidad económica de corto plazo puede transformarse en una deuda de difícil pago en semanas.
En las grandes ciudades, parte de este negocio informal está vinculado con bandas delictivas y organizaciones narco, según el análisis. El préstamo se convierte en una puerta de entrada a un circuito de sometimiento con posibles métodos de cobro que incluyen amenazas, extorsiones y violencia.
La respuesta estatal, según el texto, debe contemplar dos aspectos: facilitar el acceso a financiamiento formal en condiciones razonables y combatir la usura y las redes de prestamistas ilegales. Perseguir a los narcoprestamistas no es solamente una cuestión policial, sino también quitarles una herramienta mediante la cual penetran en sectores vulnerables.
La deuda informal no figura en los balances, pero pesa en la economía familiar, a veces más que la registrada.