A más de dos décadas del terremoto de 2004, la provincia cuenta con dos leyes que establecen programas de prevención sísmica, pero las acciones concretas se limitan en su mayoría a charlas y entrega de folletos, sin simulacros periódicos ni protocolos actualizados.
Los terremotos registrados en Venezuela en junio y en Colombia a principios de esta semana reavivan en Catamarca el recuerdo del sismo del 4 de septiembre de 2004, de magnitud 6,4 en la escala de Richter, que afectó a la provincia y se sintió en gran parte del país. En ese entonces, no se reportaron daños materiales considerables ni víctimas fatales.
Tras el evento, los organismos oficiales implementaron medidas de concientización y capacitación, que incluyeron charlas, simulacros, establecimiento de protocolos y adecuación de edificios para evacuación, con señalización de pasillos y demarcación de espacios seguros en el exterior.
Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de esas acciones se redujeron a charlas y entrega de folletos, especialmente en escuelas, donde permanece una alta concentración de personas durante varias horas, a menudo en espacios cerrados.
En septiembre de 2004, días después del terremoto, se sancionó la Ley 5124, por la cual la provincia adhirió al Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica. Esa norma estableció que el Ministerio de Educación debía coordinar acciones con el organismo nacional de prevención sísmica para unificar políticas en la materia. El programa contemplaba a docentes, alumnos y la comunidad, con planes operativos, contenidos educativos, manuales de adiestramiento y material para instituciones educativas.
Pese a ese antecedente, con los años las acciones preventivas perdieron continuidad. Algunos establecimientos educativos manifestaron intención de realizar simulacros, generalmente por iniciativa de padres de alumnos, pero en la práctica son pocos los que logran llevarlos a cabo con frecuencia.
En octubre de 2022 se promulgó la Ley 5780, que creó el Programa Provincial de Prevención Sísmica. La normativa establece un marco para sensibilizar, concientizar y capacitar a la población sobre cómo actuar ante un terremoto, y dispone la preparación permanente de los organismos del Estado para garantizar una respuesta rápida y eficaz.
La ley 5780 asigna un lugar específico a los establecimientos educativos. Establece que el programa debe contemplar capacitaciones y tareas de evacuación en las escuelas, así como en otros edificios públicos y espacios de alta concurrencia. La Dirección de Defensa Civil actúa como autoridad de aplicación y debe articular acciones con el Ministerio de Educación, incluyendo a todos los establecimientos del sistema educativo, tanto de gestión estatal como privada y en todos los niveles de enseñanza.
La normativa también define pautas básicas para actuar ante un sismo: prevención de riesgos, alarma, evacuación y auxilio de personas afectadas. Estas pautas deben integrar un Manual de Autoprotección para organizar recursos humanos y materiales, y establecer mecanismos de evacuación y atención inmediata. La preparación cubre etapas de prevención, mitigación, capacidad de respuesta, evacuación, rehabilitación y reconstrucción. Durante las tareas de evacuación y asistencia, la ley otorga prioridad a niños, niñas y adolescentes, entre otros grupos considerados vulnerables.