La Prefectura Naval Argentina intimó formalmente a más de 500 trabajadores de servicios de practicaje y pilotaje a retomar sus actividades en todos los puertos del país, en el marco de una medida de fuerza que mantiene 140 buques detenidos.
La Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó formalmente a más de 500 trabajadores de servicios de practicaje y pilotaje a retomar sus actividades de inmediato en todos los puertos del país, en el marco de una medida de fuerza que mantiene a 140 buques detenidos y frena la operatoria del comercio exterior.
La decisión oficial se formalizó este martes mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial, con el objetivo de destrabar la paralización que afecta con mayor fuerza al polo agroexportador del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín.
En el texto oficial, la PNA precisó que, “en su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina aprobado por el Decreto Nº 690/2026, notifica e intima por este medio a los profesionales (…) a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”. Mientras tanto, la carga y transporte de petróleo y gas continúa funcionando con normalidad para garantizar el abastecimiento interno de combustibles.
El conflicto se desencadenó a partir de la publicación del decreto 690 el pasado 31 de julio, norma que sustituye el reglamento vigente desde 1991 e introduce cambios estructurales en el sector. Entre las medidas dispuestas por el Ejecutivo se destacan la quita de cupos para la inscripción de prácticos, la habilitación para la contratación directa por parte de armadores y agencias marítimas, la fijación de topes tarifarios mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y la autorización para que capitanes con experiencia en la zona naveguen sin contratar a un práctico. Ante estas reformas, los profesionales iniciaron la interrupción de servicios el sábado 1° de agosto, exigiendo la suspensión o derogación del decreto para reanudar las asignaciones de trabajo.