El presidente Javier Milei aseguró que los sectores minero y petrolero aportarán los recursos para reducir los derechos de exportación del agro, en el marco de su discurso en la apertura de la Exposición Rural.
El presidente Javier Milei anunció durante su discurso de apertura de la Exposición Rural que las provincias mineras y petrolíferas financiarán la eliminación de los derechos de exportación al campo. Según afirmó, la energía y la minería, sectores que hasta hace poco consideraba que “no producían nada”, serán la fuente de recursos para bajar las retenciones hasta su eliminación definitiva.
La promesa fue recibida con beneplácito por los organizadores del evento, que desde hace años solicitaban la eliminación de las retenciones. Sin embargo, el alivio fiscal para el agro se financiaría a expensas de las provincias que ya resignan tres cuartas partes de la renta minera en beneficio del Gobierno nacional.
Según informó El Ancasti, la Nación se queda con el 75% de la recaudación que genera la actividad minera. El Tesoro nacional retiene la totalidad de los derechos de exportación e importación, y aunque el Impuesto a las Ganancias y el IVA son coparticipables, se distribuyen según la fórmula general, sin distinguir el origen territorial de la renta.
Cuando Milei promete que el crecimiento de la minería y la energía financiará la quita de retenciones, en rigor está anunciando que serán las provincias mineras y petroleras las que paguen, indirectamente, el alivio fiscal de la Pampa Húmeda.
Las provincias fueron, junto con los programas sociales, uno de los sectores que más contribuyeron al ajuste fiscal. Los giros a las provincias experimentaron una reducción de US$12.880 millones entre 2023 y 2025, similar a la de los programas sociales y superior a la de la obra pública. Solo en 2024, las transferencias automáticas cayeron 10% en términos reales, y el gasto de capital se redujo un 33%.
En 2025, el conjunto de provincias pasó de un superávit primario de 4,8 billones de pesos a un déficit de 380.000 millones.
El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, expresó su deseo de que la eliminación de las retenciones se cristalice “por ley” y señaló el atraso en rutas y comunicaciones como una de las causas del “costo argentino” que afecta la competitividad del agro.
La Nación se queda con el 75% de la recaudación que genera la actividad minera y, desde la asunción de Javier Milei a la Presidencia, ha reducido la inversión en obra pública. Un ejemplo es el Impuesto a los Combustibles Líquidos: la Ley 23.966 establece que el 60% de la porción provincial debe destinarse al mantenimiento y construcción de rutas, pero la Nación retiene esos fondos.
En Catamarca, el Paso San Francisco, ruta que conecta Tinogasta con Chile y por donde saldrá el litio de Tres Quebradas, fue asfaltado y se mantiene con fondos provinciales. Buena parte de la renta litífera catamarqueña, canalizada a través de fideicomisos, se destina a rutas y energía en la puna, obras que el Estado nacional dejó de financiar.
Christel Bories, presidenta de la minera francesa Eramet, explicó que las empresas necesitan rutas, ferrocarriles, puertos y energía para instalarse en zonas remotas. Esa infraestructura no es provista por las mineras ni por la Nación, sino por las provincias mineras.
El campo, según Pino, aportó 215.000 millones de dólares en derechos de exportación desde 2002. El reclamo es que ese dinero vuelva a las provincias agropecuarias que lo generaron. El mismo razonamiento, sostienen voceros provinciales, debería aplicarse a las provincias mineras y petroleras.
Si lo que promete Milei se sostiene, buena parte de la renta que hoy generan el litio, el cobre, el oro, la plata y el gas se centralizará en la Nación y terminará financiando el crecimiento de la Pampa Húmeda, mientras el NOA, Cuyo y la Patagonia continúan aportando territorio, infraestructura y asumiendo el pasivo ambiental.
Las provincias mineras se reunieron en la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre para mostrar unidad regional y respaldaron el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero no lograron instalar en la agenda la revisión de un sistema fiscal que, según sostienen, está en tensión con la Constitución Nacional, que asigna la propiedad originaria de los recursos naturales a las provincias.