El Ministerio Público Fiscal de Catamarca presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revisar el sobreseimiento de cuatro policías imputados por la muerte de cuatro adolescentes en la Alcaidía de Menores en 2011.
La causa penal de la Tragedia de la Alcaidía sumó un paso procesal decisivo fuera de los límites de la provincia. Tras la clausura de la vía recursiva en la Justicia provincial, ingresó el recurso de queja presentado por el Ministerio Público Fiscal catamarqueño ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La presentación tiene como propósito que el máximo tribunal revise y eventualmente revoque la resolución de la Corte de Justicia de Catamarca, que en noviembre del año pasado declaró la insubsistencia de la acción penal y dictó el sobreseimiento de los cuatro policías imputados: Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Juan Carlos Reyes y Adriana del Valle Galván.
La tragedia ocurrió el 9 de septiembre de 2011 en la Alcaidía de Menores. Las víctimas fatales fueron Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16).
El debate de fondo gira en torno al concepto del «plazo razonable» para someter a una persona a proceso. La Sala Penal de la Corte de Justicia catamarqueña consideró que las dilaciones acumuladas durante casi tres lustros sin que se concretara el juicio oral vulneraban las garantías constitucionales de los acusados. La Sala Penal responsabilizó de forma directa al Ministerio Público Fiscal por la parálisis del expediente.
El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso extraordinario federal para recurrir a la Corte Suprema, pero la Corte de Justicia de Catamarca rechazó el planteo. La Fiscalía sostuvo que el criterio de la Corte local incurría en «gravedad institucional» y arbitrariedad, y argumentó que la dilación no obedeció a negligencia de la acusación sino a articulaciones dilatorias de las defensas y a la complejidad de la causa. Sin embargo, la Sala Penal rechazó el recurso por unanimidad, indicando que «quien contribuyó de modo decisivo a generar la situación de mora no puede invocarla válidamente como agravio constitucional».
Al cerrarse la vía local, la Fiscalía recurrió de manera directa a la Corte Suprema a través del recurso de queja que ingresó formalmente ayer. La Corte Suprema tiene ahora la decisión sobre el futuro de la causa.
El hecho ocurrió el 9 de septiembre de 2011. Los cuatro adolescentes compartían una celda en la Alcaidía de Menores. Colocaron un colchón en la puerta de su celda y lo encendieron, lo que provocó un incendio en el que murieron calcinados. Por este siniestro, los policías Juan Carlos Reyes, Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva y Adriana del Valle Galván fueron imputados por «homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales». Carlos Daniel Leiva, también imputado, falleció en 2019.
La causa llegó al Juzgado Correccional de Primera Nominación el 31 de agosto de 2015. El juicio oral nunca se realizó; la causa quedó en condiciones de celebrar el debate el 1° de febrero de 2018.