La administración de Javier Milei impulsa la eliminación de la Ley 27.642, mientras la FAO alerta sobre una crisis de malnutrición en Argentina.
La salud pública constituye uno de los ámbitos en los que las decisiones de gobierno deberían estar guiadas menos por convicciones ideológicas que por el conocimiento acumulado por la ciencia y por la experiencia internacional.
En ese contexto, el Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida por la incorporación del etiquetado frontal en los alimentos. Esta iniciativa coincide con la advertencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre una «crisis de malnutrición en todas sus formas» en Argentina, que requeriría fortalecer este tipo de herramientas.
El incremento de la pobreza registrado durante los últimos meses coloca a millones de argentinos ante el dilema de priorizar el precio sobre la calidad nutricional de los alimentos, consumiendo aquellos más accesibles aunque menos saludables.
Según estudios recientes, seis de cada diez argentinos modificaron sus hábitos de consumo desde la implementación del etiquetado frontal: muchos redujeron la compra de productos con sellos de advertencia, otros dejaron de adquirirlos y una proporción significativa los reemplazó por alternativas nutricionalmente más convenientes.
La legislación también regula la publicidad dirigida a niños y adolescentes, limita estrategias de marketing para productos con excesos de nutrientes críticos y promueve entornos escolares más saludables. Ninguna norma constituye por sí sola la solución definitiva frente a la malnutrición, pero el etiquetado frontal representa una herramienta dentro de un conjunto de medidas para mejorar la calidad de vida.
En este contexto, la FAO instó a preservar los consensos construidos sobre el conocimiento especializado en materia de salud pública.