La Fiscalía pone la lupa en los rastros biológicos levantados el día del hallazgo del cuerpo, antes de que la escena fuera limpiada y alterada.
La investigación por la muerte del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, se focaliza una vez más en su vivienda. Las conclusiones del ateneo médico, los informes sobre los celulares y cámaras de seguridad, ni las más de 500 declaraciones testimoniales aportaron las certezas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
Para el fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla, esos elementos no respondieron un interrogante clave: ¿quién o quiénes estuvieron físicamente en el lugar de los hechos en el momento de producirse la lesión mortal y en las horas inmediatamente posteriores?
Costilla volvió a poner la lupa en la casa de Rojas y en los rastros biológicos levantados el domingo 4 de diciembre de 2022, día en que se halló el cuerpo del ministro, antes de que la escena fuera limpiada y alterada. Esta cuestión quedó en evidencia en el decreto que emitió el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) el 26 de junio de 2026. En el mismo, requirió que, con carácter de muy urgente, sean estudiadas las muestras biológicas levantadas el 4, 5 y 6 de diciembre de 2022 en la vivienda de Rojas, más muestras de objetos y las tomadas a Fernando Rojas, hijo del ministro, y a Silvina Nieva, la única imputada de la causa.
“La falta de definición etiológica por parte del ateneo médico impone la necesidad de profundizar la investigación mediante otras líneas que no dependan exclusivamente de la evidencia pericial médico forense ya valorada”, indicó Costilla en los considerandos del decreto. “Constituye una verdad de Perogrullo la imposibilidad -a casi tres años y medio de ocurrido el hecho- de poder salir de la atención primaria e insoslayable de la escena como única fuente para la reconstrucción de lo realmente ocurrido”.
El fiscal sostuvo que la investigación se encuentra “ante una encrucijada definitoria”, ya que “se viene desplegando un enorme esfuerzo investigativo en el análisis de torres de telefonía celular, geovallado, cámaras de seguridad, movimientos bancarios y más de 500 testimonios”, pero “no ha logrado responder la pregunta central: ¿Quién o quiénes estuvieron físicamente en el lugar de los hechos?”.
Remarcó que “la respuesta categórica a esa pregunta no se encuentra en los registros de videos ni en los análisis de telecomunicaciones, sino en los rastros biológicos levantados en el procedimiento originario del domingo 4 de diciembre de 2022, antes de que se produjeran las acreditadas maniobras de limpieza y alteración de la escena más críticas”. Añadió que esos indicios “constituyen, hoy por hoy, los únicos elementos de prueba que podrían resistir un eventual ataque defensivo fundado en las deficiencias de preservación de la escena”.
Costilla precisó que están ante “una escena alterada y seriamente afectada por la contaminación y la remoción de elementos”, y que “en esta instancia del proceso no puede prescindirse de ningún elemento de mérito que pudiera contribuir a la reconstrucción científica de lo ocurrido”.
Respecto al ateneo médico realizado en la ciudad de Córdoba, indicó que “el cuerpo de galenos colegiado no logró inclinarse por ninguna de las tres hipótesis etiológicas: agresión homicida con elemento contuso en región occipital; caída tras forcejeo o empujón contra el piso; y caída accidental desde la propia altura, precipitada o no por una descompensación”. Destacó que el ateneo señaló “expresamente que la deficiente labor criminalística impediría una determinación fiable”.
Finalmente, explicó que se difirió momentáneamente la realización de la inspección judicial definitiva de la escena del hecho, “en atención al particular planteo formulado por el abogado de la querella (Iván Sarquís) contra la validez del acta del ateneo médico, que se sustancia por la respectiva vía incidental”.