La repetición de incidentes con armas en escuelas y el aumento de suicidios adolescentes revelan un patrón de malestar emocional, aislamiento y falta de contención, en un contexto de reducción presupuestaria y debate sobre la ley de salud mental.
En Mendoza, una alumna ingresó a su colegio con un arma en la mochila y disparó dos veces. En Santa Fe, un adolescente de 15 años entró armado a la Escuela N° 40 de San Cristóbal, mató a un estudiante e hirió a otros ocho, en el primer tiroteo escolar letal en el país desde la Masacre de Carmen de Patagones en 2004. En San José, Entre Ríos, se registró una serie de suicidios que las autoridades calificaron como epidemia. En los días siguientes, se multiplicaron las amenazas de tiroteo en instituciones educativas de todo el país, con presencia policial y detenciones.
Especialistas señalan que, más allá de que algunos casos sean considerados bromas adolescentes, constituyen señales graves de un malestar juvenil que se ha vuelto más frecuente y se mantiene en niveles comparables a los de 2020, en plena pandemia. El uso intensivo de redes sociales y la hiperconectividad profundizan el aislamiento de adolescentes que no encuentran contención en adultos, desorientados frente al avance tecnológico y absorbidos por el pluriempleo, que en los últimos ocho años creció un 40%, según datos de la CTA.
En ese contexto, la inversión en salud mental pasó de representar el 10% del presupuesto sanitario en 2023 al 1,4% en la actualidad. El último relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA indica que el 6,5% de la población presenta riesgo de trastorno mental, con mayor impacto en jóvenes de 18 a 29 años y en sectores de menor nivel socioeconómico. Solo el 29,15% está en tratamiento psicológico y, entre quienes no acceden, el 50,05% considera que lo necesita, con la barrera económica (43,44%) como principal obstáculo. Además, el 58,69% reporta problemas de sueño y el 52,40% atraviesa una crisis vital.
“La soledad, el vínculo con la tecnología, el acceso a drogas y la violencia familiar son las principales preocupaciones. Hay un aumento de intentos de suicidio y de autolesiones, que es un mecanismo que alivia la ansiedad, cada vez más presente en jóvenes”, advierte Pedro Kestelman, psiquiatra infantojuvenil y ex presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil.
En Argentina, las muertes por suicidio mantienen una tendencia en alza. En 2023 hubo 4.197 casos frente a 3.955 muertes viales, mientras que en 2024 fueron 4.249 contra 3.539, según el Ministerio de Seguridad. Hoy es la principal causa de muerte violenta, con un aumento acumulado cercano al 28% desde 2017. Se observa un corrimiento hacia los jóvenes: aumentan los casos en el grupo de 15 a 25 años, mientras descienden en adultos mayores.
En Mendoza, la alumna que ingresó armada a la escuela quedó luego vinculada a un abuso sexual por parte de un celador. En Santa Fe, el ataque expuso la participación del agresor en comunidades digitales que promovían masacres escolares. En San José, Entre Ríos, se registraron 16 suicidios y decenas de intentos en una ciudad de 22.000 habitantes. En Merlo, una jovencita se ahorcó por hostigamiento en redes sociales. En todos los casos aparece un patrón común: el peso de las tecnologías, el aislamiento progresivo y la dificultad para establecer canales de diálogo con adultos.
A esto se suman despidos y renuncias por bajas condiciones laborales. En este contexto, el Gobierno envió al Senado el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, cuestionado por las provincias por haber sido elaborado sin participación federal. Autoridades sanitarias advierten que, en un contexto de fuerte aumento de la demanda, el proyecto presenta problemas de financiamiento y podría introducir nuevas barreras de acceso, especialmente en situaciones de urgencia, implicando un retroceso en el enfoque comunitario de la ley vigente.