Los datos de recaudación de la ARCA marcarán la dinámica entre el Gobierno nacional y los gobernadores, en un contexto de caída de ingresos y reclamos salariales.
La recaudación tributaria nacional se ha convertido en un dato clave para definir los próximos pasos en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias. Tanto Nación como los gobernadores estarán atentos a los informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ya que la cifra influirá en la dinámica de un año marcado por necesidades financieras y reclamos.
En febrero, la recaudación cayó por séptimo mes consecutivo, totalizando $16,2 billones. Si bien hubo un crecimiento nominal del 20%, al descontar la inflación, la baja real fue del 9%. Esta situación se atribuye a la menor actividad económica y ha impactado directamente en las cuentas públicas provinciales.
La merma de recursos afecta tanto a la coparticipación como a los ingresos propios de las provincias, limitando la capacidad de los gobernadores para responder a demandas salariales de empleados públicos, como docentes y fuerzas de seguridad, que ya han iniciado reclamos. Este escenario fiscal adverso se traduce en paros y medidas de fuerza en distintas jurisdicciones.
Los gremios exigen aumentos que acompañen la inflación, mientras que los mandatarios provinciales sostienen que sus ofertas representan el «máximo esfuerzo» posible, dada la debilidad de la recaudación y la reducción de transferencias nacionales. Entre las provincias con mayores complicaciones figuran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Misiones, Salta, Río Negro, San Juan, Jujuy y La Rioja, entre otras.
Los gobernadores advierten que el reparto discrecional de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) resulta insuficiente para compensar la caída de ingresos y sostener el funcionamiento de sus arcas. Por el momento, buscan negociar y evitar tensiones con el Gobierno nacional, con la expectativa de que se establezcan mecanismos de compensación en próximas charlas.
Este contexto se da en un año donde el Gobierno nacional necesita avanzar con una serie de leyes de relevancia, para lo cual requiere respaldos parlamentarios que los legisladores vinculados a los gobernadores pueden brindar. La relación, por tanto, se mantiene en un equilibrio delicado, donde la cooperación y la negociación serán factores determinantes.