En un movimiento estratégico para las provincias del NEA y NOA, ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que busca establecer una tarifa eléctrica diferencial para las regiones con altas temperaturas.
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El legislador correntino Diógenes González fundamentó la propuesta en la necesidad de corregir «desigualdades históricas» que afectan directamente al bolsillo del empleado público, jubilados y sectores vulnerables de la región.
El argumento central radica en la dependencia electro-intensiva del norte argentino: ante la falta de redes de gas natural, la electricidad es el único recurso para cocinar, refrigerar alimentos y climatizar hogares, lo que convierte al servicio en una necesidad básica de subsistencia y no en un lujo.
Puntos clave del proyecto de subsidio
La iniciativa legislativa contempla un esquema de beneficios segmentados para garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan:
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Bonificación del 50%: sobre el precio estacional de la energía para consumos básicos residenciales.
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Adicional del 25%: para casos de vulnerabilidad extrema o condiciones ambientales críticas.
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Consumos base diferenciales: se establecerán topes de consumo subsidiado según la época del año y la región, reconociendo que un hogar en Corrientes consume mucho más en verano que uno en la zona centro.
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Clubes y Entidades: el beneficio se extiende al 100% del consumo de clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro.
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Registro ReSEF: para acceder, los usuarios deberán estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, asegurando transparencia en la asignación.
Equidad territorial y justicia climática
«Así como se avanzó con políticas para zonas frías, es fundamental reconocer las particularidades de las regiones cálidas», explicó González.
El diputado recordó que la Constitución Nacional ampara el principio de equidad territorial, y que hoy el impacto de las asimetrías tarifarias recae sobre el habitante del Norte Grande, que paga facturas mucho más elevadas que en el AMBA pese a tener menores niveles de ingreso.
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El proyecto busca que esta tarifa diferencial se consolide como una política pública permanente y no como un beneficio transitorio sujeto a la voluntad del Gobierno de turno.
Según los autores, reducir el costo energético es vital para reactivar las economías locales y permitir que el desarrollo federal sea una realidad y no solo un discurso.
