El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines declaró el “estado de alerta máxima” ante lo que calificó como un proceso de vaciamiento en la Dirección Nacional de Vialidad, tras la implementación de un nuevo organigrama impulsado bajo lineamientos del Ministerio de Desregulación.
Desde el gremio sostienen que, pese al rechazo del Congreso al decreto que disponía la disolución del organismo, el Ejecutivo avanzaría ahora con una reestructuración interna que, en los hechos, implicaría un cambio profundo en sus funciones.
Según denunció el STVyARA, un informe interno habla de una “reorientación institucional” que dejaría a Vialidad sin tareas operativas.
En ese esquema, el organismo pasaría a cumplir únicamente funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones, abandonando la ejecución directa de obras y el mantenimiento de rutas nacionales.
“El Estado deja de construir, mantener y conservar las rutas, limitándose a observar cómo lo hacen terceros”, advirtieron en un comunicado, donde alertaron sobre posibles consecuencias sociales, económicas y en materia de seguridad vial.
Intimación formal a funcionarios
El sindicato envió una intimación formal al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y al secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, para que se abstengan de adoptar medidas que impliquen la disolución o el vaciamiento del organismo.
En el documento, la entidad gremial señaló que tales decisiones serían contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio y al mandato constitucional de integración territorial.
Además, advirtió que hará responsables a los funcionarios por las consecuencias institucionales, laborales y patrimoniales que pudieran derivarse de una eventual reducción o desaparición del ente. seguridad vial.
Contexto de privatizaciones
El conflicto se produce días después de que el Gobierno avanzara con la apertura de licitaciones para concesionar rutas nacionales, en el marco de su política de reestructuración del Estado.
Desde el sindicato anticiparon que evalúan acciones administrativas, judiciales y sindicales para frenar lo que consideran un proceso de desmantelamiento de un organismo “histórico y estratégico” para la infraestructura del país.