jueves, 12 de febrero de 2026 17:40
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles pertenecientes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa por defraudación a la administración pública con sentencia firme.
Según indicaron fuentes judiciales, el pedido incluye 141 propiedades —13 vinculadas a sociedades de la familia Kirchner y 128 relacionadas con sociedades de Báez—, además de 46 automotores y distintas sumas de dinero en cuentas bancarias y cajas de seguridad. Entre los bienes señalados figura el departamento de San José 1111, donde la ex mandataria cumple actualmente prisión domiciliaria.
En el detalle presentado ante el tribunal, los fiscales mencionaron también US$ 4.664.000 depositados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$ 992.134 en una caja de ahorro del Banco Galicia y $53.280,24 adicionales.
Luciani y Mola remarcaron que las personas condenadas fueron intimadas a depositar $684.990.350.139,86 en concepto de decomiso por lo que calificaron como una “defraudación colosal a la Administración pública”, pero “no han depositado ni un solo peso” pese a que el plazo para hacerlo venció hace meses.
De acuerdo al planteo fiscal, tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”, y sostuvieron que esa actitud “exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
A fines del año pasado se conoció que la Corte Suprema de Justicia será la encargada de administrar y subastar los bienes decomisados, luego de que el TOF 2 solicitara esa intervención. La medida alcanza a 122 inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o activos incorporados durante el período investigado, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado en concepto de decomiso era de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, conforme a criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema.
Ahora será el Tribunal Oral Federal N°2 el que deba resolver el pedido de los fiscales y avanzar en la ejecución efectiva de la sentencia, en una causa que sigue generando fuerte impacto político y judicial.
Fuente: Noticias Argentinas