El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a la adjudicación irregular de contrataciones públicas.
La decisión también alcanzó a otros 18 imputados, entre funcionarios y empresarios vinculados al sector farmacéutico.
Según la resolución, la investigación permitió reconstruir un esquema de corrupción institucional dentro de la ANDIS, que operó mediante coimas, sobreprecios y un sistema de retornos ilegales. El mecanismo buscó beneficiar a determinadas droguerías en la compra de medicamentos e insumos de alto costo.
Un sistema direccionado de compras públicas
El juez sostuvo que la organización montó una puesta en escena de competencia de precios, en la que siempre participaron las mismas empresas. En la mayoría de los procesos, las droguerías se alternaron para presentar ofertas y quedarse con las adjudicaciones.
Además, Casanello remarcó que las autoridades del organismo dieron de alta a todas las firmas involucradas el mismo día, tras un pedido urgente.
Las empresas presentaron ofertas con valores injustificadamente elevados, incluso en comparación con otras compras realizadas en paralelo dentro del propio organismo.
El rol de Spagnuolo y los operadores externos
Para el magistrado, Spagnuolo ejerció la máxima autoridad durante el período investigado y supervisó el direccionamiento de las contrataciones. También designó en cargos clave a personas vinculadas a la organización delictiva.
Junto a él, la Justicia procesó como presuntos jefes de la asociación ilícita a Daniel Garbellini, ex subdirector de ANDIS, y a los operadores externos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, ligados históricamente al negocio de las droguerías.
Pruebas clave y rechazo de nulidades
El juez destacó como pruebas centrales la máquina de contar billetes hallada en el domicilio de Spagnuolo, los registros de visitas de otros imputados y pagos indirectos canalizados a través de terceros.
La causa se inició tras la filtración de audios que motivaron una denuncia judicial. No obstante, Casanello aclaró que fundamentó el procesamiento en pruebas independientes, como expedientes administrativos y testimonios.
El magistrado también rechazó los pedidos de nulidad presentados por las defensas.
Embargos millonarios y nuevas indagatorias
Aunque los imputados continuarán en libertad, Casanello ordenó un embargo superior a los 202 mil millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo. La medida alcanzó con montos similares a los otros principales acusados.
Además, el juez dispuso nuevas declaraciones indagatorias y citó a las personas jurídicas de cuatro droguerías clave: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.
Una investigación que podría escalar
En uno de los tramos más relevantes del fallo, Casanello advirtió que el esquema descubierto no se agotaría en los hechos ya probados.
Según el magistrado, la magnitud de las cifras y el funcionamiento del sistema sugieren la existencia de otros niveles de responsabilidad y complicidades, que la investigación deberá profundizar.