La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó formalmente al gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos. El pronunciamiento se produjo en un contexto de fuerte desconfianza sobre las cifras oficiales difundidas por el chavismo, que aseguró haber liberado a 116 personas, aunque los registros del organismo internacional indican que solo alrededor de 50 habrían recuperado efectivamente la libertad.
Desde la ONU señalaron que, de un total estimado de 800 presos políticos, las excarcelaciones confirmadas hasta el momento resultan claramente insuficientes y no cumplen con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos. En ese marco, la oposición venezolana llamó a la cautela y reclamó esperar confirmaciones concretas antes de validar los anuncios oficiales sobre liberaciones.
El reclamo fue expresado en un documento de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en el que se denunció el uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria como herramienta de represión estatal. El organismo manifestó una preocupación particular por la situación de las mujeres detenidas, al advertir que la privación de libertad impacta de manera agravada en su salud y en sus responsabilidades familiares y de cuidado.
La ONU también alertó sobre el impacto de las detenciones en las familias de los presos políticos, denunciando la falta de información, la incomunicación prolongada y las restricciones a las visitas, prácticas que calificó como graves violaciones a los derechos humanos. Además, exigió transparencia sobre los planes de futuras liberaciones, el cese de la tortura y otros tratos crueles, y advirtió que continúa observando un contexto persistente de represión, pese a valorar como positivas las liberaciones concretadas recientemente.
