La erróneamente llamada “justicia por mano propia” lejos está de erradicarse en el país. Periódicamente se registran episodios en los que los “justicieros”, inicialmente damnificados, terminan convertidos en victimarios y encerrados tras las rejas.
El caso más reciente ocurrió en Mendoza, donde un joven fue acusado de haber robado dos cascos, zapatillas y un teléfono celular a una pareja. Al advertir el ilícito, los damnificados persiguieron al sospechoso en un automóvil hasta darle alcance: lo embistieron y lo arrastraron durante aproximadamente 350 metros. La pareja quedó detenida y el joven, identificado como Nicolás Alejandro Varas Frías, sufrió la amputación de ambas piernas. Diez días después del episodio se informó su fallecimiento.
En Catamarca también se registró un episodio similar el 12 de marzo de 2024. José Leiva ingresó al Hospital San Juan Bautista con signos evidentes de haber sufrido una golpiza, luego de un ataque ocurrido en el barrio Cristo Rey. La investigación determinó que Leiva había cometido un robo en la propiedad de Cristian Nieva, quien, como represalia, lo atacó a golpes junto a otras dos personas. El 9 de abril, “el Pelado” Leiva murió y Nieva quedó imputado por “homicidio simple con dolo eventual”. El caso será sometido a un juicio por jurados.
La erradicación de la justicia por mano propia no es un imposible, pero se ve condicionada por discursos y decisiones políticas que refuerzan esta lógica. La erradicación de la justicia por mano propia no es un imposible, pero se ve condicionada por discursos y decisiones políticas que refuerzan esta lógica.
También está el recordado caso del verdulero Raúl Varela, quien ultimó de un balazo a Guillermo Arias luego de que este ingresara a robar en su comercio del barrio Villa Eumelia, el 11 de abril de 2014. Según la causa, cansado de los robos, Varela sorprendió a Arias en su vivienda, lo persiguió hasta su domicilio y allí le disparó. El verdulero fue condenado a 9 años de prisión.
Tres casos distintos, un mismo factor común: la decisión de hacer justicia por mano propia, muchas veces alimentada por el cansancio y la percepción de que el sistema no actúa. Es comprensible la impotencia que genera sufrir un hecho de inseguridad, independientemente de su cuantía, pero ello no habilita la decisión de tomar un arma de fuego, un fierro o incluso un automóvil para terminar con la vida de otra persona.
Situaciones como la de Mendoza se repiten con frecuencia y, desgraciadamente, se transforman en noticia casi semanal. No siempre con consecuencias fatales, pero sí con víctimas que terminan siendo victimarios y presos de un sistema al que, paradójicamente, cuestionan de manera legítima.
La erradicación de la justicia por mano propia no es un imposible, pero se ve condicionada por discursos y decisiones políticas que refuerzan esta lógica. Sin ir más lejos, en noviembre se reglamentó un decreto que facilita el acceso a determinadas armas y reduce la edad mínima para su portación. Esto no implica automáticamente una oleada de asesinatos de presuntos ladrones, pero sí forma parte de un clima de época, en el que se adoptan medidas orientadas a satisfacer a sectores que celebran este tipo de decisiones.
Una síntesis clara de este razonamiento fue expresada públicamente por Patricia Bullrich. “No podemos convertir a una persona que dejaron herida en un homicida”, sostuvo al defender el caso Ríos, un hombre que asesinó a una persona que había ingresado a robar a su casa, en el 2020. Y fue más allá al justificar la justicia por mano propia: “Si el Estado no protege a la gente, se protege sola, no hay otra”. Esa lógica, lejos de resolver el problema de la inseguridad, lo profundiza.