lunes, 5 de enero de 2026 23:25
La publicación en la Gaceta Oficial del decreto que declara el Estado de Conmoción Exterior marcó un nuevo punto de inflexión en la crisis política e institucional de Venezuela, abierta tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado a Nueva York. La medida establece un régimen de excepción que amplía de forma significativa las atribuciones del Ejecutivo en un escenario de confrontación directa con Estados Unidos.
El decreto, fechado el sábado y difundido oficialmente este lunes, lleva la firma de Maduro y fue refrendado por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Con rango de ley, fija una vigencia inicial de 90 días, prorrogables por un período igual, lo que habilita un estado de excepción de hasta seis meses.
Uno de los puntos más sensibles del texto es la orden explícita a las fuerzas de seguridad para perseguir y detener a quienes el régimen considere vinculados al apoyo de la operación militar estadounidense. “Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura (…) de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República”, señala el decreto.
Si bien la posibilidad de declarar un estado de conmoción había sido anticipada a fines de septiembre, luego del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, el contenido concreto de la norma se mantuvo bajo reserva hasta ahora. El documento reconoce que su redacción fue actualizada tras los hechos del fin de semana, en referencia directa a la captura del líder chavista.
La Constitución venezolana prevé esta figura para situaciones de conflicto externo que amenacen gravemente la seguridad nacional o el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, es la primera vez que se activa desde la sanción de la Carta Magna en 1999, un dato que refuerza la excepcionalidad del momento político.
Entre las disposiciones más relevantes, el decreto ordena la militarización de los servicios públicos, de la industria petrolera y de las industrias básicas del Estado. El personal de esos sectores quedará “temporalmente sometido al régimen militar”, lo que amplía el control de las Fuerzas Armadas sobre áreas estratégicas de la economía y la vida cotidiana.
El decreto de estado de excepción lleva la firma de Nicolás Maduro. (Foto: Reuters).
La norma también habilita al Ejecutivo a requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional, a suspender derechos como la reunión y la manifestación pública y a adoptar “cualquier otra medida” que considere necesaria para la protección de la población, una cláusula amplia que refuerza el carácter discrecional del régimen de excepción.
Aunque el decreto afirma que se respetarán derechos fundamentales como la vida y la libertad personal, reconoce la posibilidad de restringir garantías constitucionales durante su vigencia. La propia Constitución establece que aun en estados de excepción deben preservarse derechos intangibles, como el debido proceso, la prohibición de la tortura y el acceso a la información.
Las calles venezolanas después de la conmoción por la captura de Maduro. (Foto: Reuters).
El texto incluye además un llamado a la población a asumir la defensa del país con “fervor patriótico”, en una apelación a la movilización interna que acompaña el endurecimiento del marco legal y refuerza la narrativa oficial de amenaza externa.
La activación del estado de conmoción se apoya, además, en un entramado normativo previo. En 2024, el chavismo impulsó una ley que penaliza el apoyo a sanciones internacionales o a acciones que causen “daño extranjero”, con castigos que incluyen la inhabilitación política de por vida y la confiscación de bienes, un marco que ahora cobra mayor peso bajo el régimen de excepción.
Desde el plano institucional, el decreto puede ser revocado por la Asamblea Nacional o revisado por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, ambos poderes se encuentran bajo control del chavismo, lo que limita la existencia de contrapesos efectivos frente a la ampliación de las facultades del Ejecutivo.
En un contexto marcado por la detención de Maduro y la escalada de tensión con Washington, la entrada en vigor del estado de conmoción exterior reconfigura el equilibrio de poder en Venezuela y anticipa un período de fuertes restricciones políticas y sociales, cuyo alcance dependerá tanto de la duración formal del decreto como de su aplicación concreta en el territorio.