El operativo mediante el cual tropas de Estados Unidos capturaron —o secuestraron, según el encuadre que se adopte— a Nicolás Maduro, ha generado una serie de reacciones inmediatas, pero muy pocos análisis que resistan una lectura desapasionada y rigurosa. En el debate público predominan miradas condicionadas por reflejos ideológicos antes que por un esfuerzo serio de comprensión de un hecho de enorme complejidad.
Las posiciones dominantes se ordenan, casi sin matices, en dos polos. De un lado, el respaldo irrestricto a la operación militar y a la ofensiva impulsada por Donald Trump, justificada a partir de la caracterización del gobierno venezolano como una dictadura que debía ser removida por cualquier medio. En esta lógica, la intervención aparece como una suerte de acto reparador, una corrección necesaria frente a un régimen que había clausurado toda vía democrática. En el extremo opuesto, se ubica el rechazo frontal a la acción norteamericana, denunciada como una intervención imperial clásica, motivada centralmente por el interés estratégico de Estados Unidos en el petróleo venezolano.
Este esquema binario no solo domina el debate internacional, sino que ha sido replicado con notable previsibilidad en el plano local. En Catamarca, la dirigencia libertaria se ha alineado mayoritariamente con la primera lectura, mientras que sectores del peronismo y de la izquierda han adoptado la segunda. El resultado es un intercambio de consignas antes que un debate de ideas, donde cada posición se limita a reafirmar su propio relato.
La complejidad de la realidad venezolana no aconseja alineamientos automáticos ni análisis desde una visión parcializada. La complejidad de la realidad venezolana no aconseja alineamientos automáticos ni análisis desde una visión parcializada.
Lo cierto es que ambas miradas contienen elementos de verdad difíciles de refutar sin caer en la ingenuidad o en la negación deliberada de hechos comprobables. Pero también es cierto que ambas omiten, de manera sistemática, una parte sustancial del problema. No puede soslayarse que Nicolás Maduro encabezaba un régimen que incurrió en fraude en la última elección presidencial, lo que priva a su mandato de legitimidad de origen, al menos en este último período. Tampoco puede relativizarse el carácter autoritario de su gobierno ni el extenso prontuario de violaciones a los derechos humanos: persecución política de dirigentes opositores, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y severas restricciones a las libertades civiles y políticas.
Desde otra perspectiva, la intervención directa de Estados Unidos en territorio venezolano constituye una violación flagrante del derecho internacional vigente. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe de manera expresa la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado; la Carta de la Organización de los Estados Americanos consagra principios idénticos; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos refuerza el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Además, Trump se arroga atribuciones que no le competen respecto del gobierno de una nación ajena, actuando al margen de los mecanismos multilaterales y del sistema internacional que Estados Unidos dice defender.
Tampoco resulta serio ignorar que en esta decisión operan intereses estratégicos concretos. El petróleo venezolano ha sido históricamente un factor central en la relación de Washington con Caracas, y pensar que en este caso esa variable no tuvo peso alguno implica desconocer décadas de política exterior estadounidense en la región.
La complejidad de la realidad venezolana no aconseja alineamientos automáticos. Analizarla desde una visión parcializada, que seleccione solo los hechos que confirman una posición previa y silencie el resto, no contribuye a esclarecer el problema ni a formular respuestas responsables. La única aproximación intelectualmente honesta es aquella que reconoce, al mismo tiempo, la ilegitimidad y el carácter represivo del régimen de Maduro, y la ilegalidad y los intereses geopolíticos que atraviesan la intervención norteamericana.