viernes, 2 de enero de 2026 18:40
En un inicio de año marcado por la tensión política, el Gobierno nacional oficializó el DNU 941/25, una normativa que introduce cambios profundos en la estructura y las competencias de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El documento, firmado por el presidente Javier Milei el pasado 31 de diciembre, no solo reordena el esquema organizacional de los servicios de inteligencia, sino que otorga atribuciones extraordinarias que han encendido las alarmas en diversos sectores del arco opositor y organismos de derechos humanos.
El decreto presidencial establece un reordenamiento integral de la SIDE, mediante la creación de nuevas secretarías y la disolución de áreas preexistentes con el fin de unificar tareas y facilitar el intercambio de datos. Un punto central de la normativa es la oficialización de la «naturaleza reservada» de estas tareas, una definición que hasta ahora operaba de forma implícita pero que carecía de un marco normativo tan explícito en la legislación vigente.
Además, el DNU profundiza en el concepto de contrainteligencia, detallando acciones específicas para evitar infiltraciones, fugas de información clasificada, espionaje y atentados. Según el texto oficial, estas medidas buscan «proteger la integridad de la Nación», permitiendo a la SIDE liderar la planificación del esfuerzo estatal y coordinar acciones tanto con provincias como con organismos extranjeros.
El polémico «Poder de Aprehensión»
Sin embargo, el aspecto más controvertido aparece en el artículo 19 del decreto. Esta cláusula faculta al personal de la SIDE para aprehender personas en contextos de actividades de inteligencia, requerimiento judicial o ante delitos en flagrancia. La normativa solo exige dar «aviso inmediato» a las fuerzas de seguridad competentes, lo que para muchos juristas y opositores representa una desvirtuación de las funciones de un organismo de inteligencia, transformándolo de facto en una fuerza de choque con capacidades policiales.
Ciberseguridad bajo la Jefatura de Gabinete
Otra de las novedades relevantes es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad. Esta nueva entidad, que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, tendrá la responsabilidad de supervisar y ejecutar acciones para proteger el ciberespacio de interés nacional y los activos digitales estratégicos. Si bien se presenta como una modernización necesaria frente a las amenazas globales, la centralización de esta herramienta en el Poder Ejecutivo genera dudas sobre el alcance de la vigilancia digital.
Repudio de la oposición y sospechas de internas
Desde la izquierda y sectores del socialismo, la respuesta fue inmediata. El diputado nacional Esteban Paulón calificó la medida como un «peligro para el país» y denunció que el DNU fue publicado entre gallos y medianoche aprovechando los festejos de Año Nuevo.
«El DNU 941/25 generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a las áreas bajo el control de Karina Milei», advirtió Paulón. Según el legislador, esta reforma no es más que el resultado de la interna libertaria encabezada por la Secretaria General de la Presidencia y el asesor Santiago Caputo, quienes buscarían consolidar un aparato de inteligencia adicto.
Paulón también alertó a los propios simpatizantes del Gobierno sobre los riesgos de estas facultades extraordinarias: «Cuando cambie el viento político, lo pueden usar contra vos. La libertad se defiende siempre y en todo contexto», sentenció a través de sus redes sociales, donde se generó un intenso debate sobre los límites del poder estatal en democracia.
Con la entrada en vigencia de este decreto, el 2026 comienza con una fuerte controversia institucional que, con seguridad, llegará a los estrados judiciales y a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, donde la oposición buscará frenar lo que consideran un avance autoritario sobre las garantías constitucionales.