jueves, 30 de octubre de 2025 17:50
El fondo Burford Capital, demandante de Argentina en el juicio internacional por la expropiación de YPF, solicitó a la justicia de Estados Unidos que no postergue la entrega de los chats de funcionarios locales. El plazo original para la entrega vencía este jueves, por lo que se espera una resolución en las próximas horas.
Burford señaló que desde julio y agosto Argentina recibió “órdenes claras del tribunal” para entregar las comunicaciones, pero “no actuó en tiempo y forma”, acusando al país de una demora autoimpuesta. Según el fondo, la dificultad para cumplir con el plazo del 30 de octubre “es atribuida exclusivamente a la República, que recién ahora planea contactar a los custodios, sin garantías de producción concreta”.
El objetivo de Burford es que Argentina cumpla con la entrega completa de las comunicaciones este mismo jueves o, en su defecto, que se establezca un plazo máximo sin excepciones para el 21 de noviembre. No obstante, aclararon que podrían acordar extensiones si los custodios disponen de documentos relevantes.
El fondo acusó además a Argentina de “usar tácticas de demora en todos los aspectos del proceso de descubrimiento”, incluyendo producciones limitadas de documentos y falta de respuesta a propuestas de búsqueda y custodia. También denunciaron que el Gobierno rechazó una propuesta de extensión de plazo “solo si se garantizaba una producción completa antes del 21 de noviembre” y que “ni siquiera aceptó reunirse para discutirla”.
Según Burford, la Argentina entregó avisos de preservación con retraso y sin mencionar plataformas como WhatsApp, lo que genera dudas sobre si las comunicaciones relevantes están siendo conservadas. La acumulación de demoras y omisiones, advirtieron, “está afectando el avance del caso y los derechos de los demandantes”.
Los abogados del Estado argentino presentaron argumentos de apelación contra la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar US$16.000 millones. El Estado sostuvo que la sentencia es “errónea” y basada en una interpretación incorrecta del derecho argentino, y reclamó respetar la jurisdicción nacional en un caso que, según su planteo, debería haberse tramitado ante tribunales locales.