Difunden audios de un diputado de La Libertad Avanza negociando desvío de fondos

El diputado nacional Santiago Pauli (La Libertad Avanza), de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quedó en el centro de un escándalo en la provincia, luego de que se filtraran audios suyos en los que quedaría expuesta una maniobra para utilizar fondos públicos en beneficio de su fuerza.

El caso salió a la luz en las últimas horas a partir de la filtración de audios de una conversación entre el diputado nacional libertario Santiago Pauli y uno de sus punteros políticos en Ushuaia.

Las filtraciones en Tierra del Fuego

Durante el diálogo, “Rolo” —el puntero, contratado por el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura provincial— le propone a Pauli “vender empanadas” entre los integrantes del plantel político para solventar los gastos de alquiler y expensas de los locales partidarios. Sin embargo, el diputado no solo desestima la propuesta, sino que le aclara a su interlocutor que “el tema ya estaba debidamente arreglado” con el personal contratado por ese espacio político.

Según los audios filtrados, la maniobra consistiría en utilizar el ítem salarial conocido como “desarraigo”, que perciben mensualmente los empleados políticos con contrato en la Legislatura Provincial, para cubrir dichos gastos partidarios. Este plus, estimado en 500 mil pesos mensuales, está destinado a afrontar viajes y estadías entre las ciudades de Río Grande y Ushuaia.

“Me parece una locura vender empanadas para pagar los alquileres, cuando entre los desarraigos de la gente que está en Río Grande se puede pagar, y hasta nos sobra plata para otras cosas”, se queja Pauli en uno de los audios. Pero el legislador va más allá y amenaza con cancelar todos los contratos actuales: “Prefiero darlos de baja, poner a alguien que dé la cara y me pase el ciento por ciento del desarraigo para pagar los alquileres, y yo me aseguro de que nos llegue lo de los desarraigos”.

Pauli intenta justificar su accionar explicando que está “tratando de ser bueno”, ya que —según él— “nosotros no hacemos como los otros partidos: no les tocamos el sueldo, solo pedimos el desarraigo”, destacando que esta cifra “no forma parte del salario”, sino que se trata de “un plus”. La maniobra —en caso de comprobarse— configuraría un claro desvío de fondos públicos por parte de un espacio político cuyo discurso pone especial énfasis en el ajuste del gasto fiscal. Además, podría constituir los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.